Sigue juicio contra Francisco Reyes Ortiz

Por: Benjamín Flores Salas -

El juicio por los terrenos ubicados en la carretera a El Pueblito, conocidos como Granja Graciela, aún siguen en disputa, por lo que Francisco Reyes Ortiz continúa con una orden de aprehensión en su contra y próximamente la autoridad federal será la que determine si se ratifica su solicitud de detención.

Asegura el anterior dirigente de Onapafa y ex candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional que todo este caso está manejado por el Gobierno del Estado para perjudicarlo.

“Han hecho varias cosas para perjudicarme; ahora las venganzas políticas sobrepasan la ley”, señaló Reyes Ortiz.

Explicó que anteriormente le destruyeron parte de su patrimonio, el cual era para su hijo discapacitado y no se hizo nada por parte de las autoridades; incluso, puso su queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. pero no ocurrió nada.

“La comisión no sirve para nada, porque no tiene autoridad propia; es manejada por las conveniencias del Gobernador”, indicó Francisco Reyes.

Mencionó que los terrenos fueron vendidos por Martín Mireles Gallardo, el cual es legítimo propietario, y la compra la realizó él ante un notario en donde se mostraron los documentos que así lo acreditaban, pero que a pesar de eso el primero fue encarcelado y a él le querían hacer lo mismo.

“Además, es incorrecta e ilegal la forma en que llevan mi juicio: tengo dos procedimientos por el mismo asunto en dos juzgados, el tercero y cuarto, lo que está prohibido por la ley”, apuntó el acusado.

En torno a lo que pasa con Mario Torres, señaló que desde su punto de vista sí existió un exceso en el uso de la fuerza por parte de la Policía Ministerial y que no le parecía la forma en que estaban llevando su proceso.

Martín Mireles dijo que los terrenos eran de siembra, y pertenecieron a su familia, mismos que su padre le entregó, adjudicándole la posesión por ser su único heredero, de ahí que no entiende por qué lo acusan.

“Fueron por mí los ministeriales, me detuvieron sin explicarme el porqué, para después llevarme al Cereso, en donde pasé algunos días hasta que me tomaron mi declaración, luego me fijaron fianza y salí libre”, narró el vendedor.

Denunció que los acusadores sólo se valen de un contrato de compra – venta y no tienen ningún otro documento para comprobar la propiedad, por lo que para él todo se esta haciendo sin fundamento.

José Isabel Martínez, juez tercero de lo penal, comentó que desde el 28 de marzo se le elaboró un auto de formal prisión por el delito de despojo y solicitó un amparo, el cual se le concedió, pero el juzgado presentó su inconformidad y se espera que se resuelva en los próximos días.

“Mostramos que el auto está apegado a derecho y no se violan las garantías del acusado, justificando nuestra actuación, por lo que ahora será el juzgado federal quien dictamine si hay o no violación de garantías”, detalló el juez, quien además aseguró que en el mes de junio habrá un careo entre los involucrados.