Precisiones

El Siglo de Torreón es congruente con su misión en defensa de la comunidad, con su vocación a un periodismo veraz, objetivo y responsable y por ello es necesario precisar los detalles que hoy alimentan una estéril y bizantina confrontación con las autoridades municipales de Gómez Palacio, Durango.

El día 29 de agosto, en la página 1-A, El Siglo de Torreón publicó bajo la firma de la reportera María Elena Holguín y con el título o encabezado de “Anulan decreto expropiatorio de terreno para planta tratadora”, una información que en su primer párrafo consigna que “El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con residencia en Torreón, confirmó la sentencia del juez federal a favor de la empresa Agropecuaria Estratto de Jorge Estrada Attolini, con lo que se anula el decreto expropiatorio de una franja de terreno por la que atraviesa la tubería del emisor de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio”.

En el segundo párrafo se señala que “El pleno del Tribunal dictó la resolución el pasado día 20 y fue hasta ayer al mediodía cuando el Juzgado Primero “B” de Distrito en La Laguna fue notificado. En un periodo de 24 horas, el juzgador se encargaría de notificar a las autoridades responsables y éstas de cumplir con la sentencia del amparo”.

En cumplimiento al rigor informativo, la reportera consignó en su nota periodística que “entrevistado al respecto, el titular de la Dirección Jurídica Municipal, José Lorenzo Natera, dijo que hasta ayer la autoridad municipal no había sido notificada de tal resolución y consideró que la información dada a conocer por Villarreal Máynez era falsa y malintencionada”.

Y aún más. El sábado 30 El Siglo de Torreón publica en la página 1-E bajó el título de “Rechazan anulación de decreto expropiatorio”, una información relacionada al caso y firmada igualmente por la reportera María Elena Holguín.

En su primer párrafo consigna que “El Gobierno del Estado buscará el cumplimiento sustitutivo de la sentencia que confirmó la anulación del decreto expropiatorio que emitió dicha autoridad y que está relacionado con la planta de tratamiento de aguas residuales, dijo el titular del Ejecutivo, Ángel Sergio Guerrero Mier”.

Y en su segundo párrafo se señala que “el Gobernador dijo que hasta ayer no había ninguna notificación acerca de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito a favor de la empresa Agropecuaria Estratto de Jorge Estrada Attolini, a quien se le expropiaron 323 metros lineales de la pequeña propiedad Los Compadres para permitir el paso de la tubería del emisor de la planta tratadora”.

La autoridad municipal de Gómez Palacio interpreta la correcta y profesional actuación de la reportera que se basó en la sentencia emitida por el magistrado relator Manuel Eduardo Facundo Gaona del Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Torreón, Coahuila, para sustentar la información, como un deseo personal por “perjudicar” a la administración. Nada más falso, nada más insostenible.

El lunes primero de septiembre la autoridad municipal convierte su malestar en toda una campaña de desprestigio contra El Siglo de Torreón, utilizando para ello vías que le son afines, complacientes y cómodas y a la vez un intento de intimidación en contra de la reportera María Elena Holguín.

José Lorenzo Natera, apoderado jurídico del Ayuntamiento de Gómez Palacio, interpuso una denuncia penal en contra de la reportera “por la comisión de los delitos de que resulten en ofensa de mi representada, lo anterior en un carácter eminentemente subjetivo, pero que la clasificación final queda al arbitrio de esta representación social”.

Y lo que podría resultar la esencia de la querella, el apoderado jurídico del Ayuntamiento asienta qué “nota periodística, la cual se publicó por la ahora denunciada sin tener alguna fuente fidedigna de donde pudiera sacar la nota que publicó, de igual manera es de destacar que la misma denunciada se encuentra ofrecida por la parte quejosa para que rinda un testimonio ante el Juzgado Primero de Distrito ‘B’ en La Laguna”.

Si se concede que el apoderado jurídico del Ayuntamiento tiene al menos nociones básicas de derecho, queda sólo interpretar la querella como un intento intimidatorio, ya que carece de sustento legal para proceder.

Ahora, la presencia de la reportera ante el Juzgado Primero de Distrito “B” en La Laguna el pasado 28 de agosto, fue con atención a un citatorio que dicha instancia le hizo llegar hasta el domicilio de este periódico, para presentarse a las 10:20 horas de ese día a una audiencia incidental a la que también se citó al director del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio, Adelmo Ruvalcaba Nieto, con el único fin de corroborar el contenido de algunas publicaciones anteriores que figuran como prueba testimonial en el caso, mas no para declarar a favor o en contra de ninguna de las dos partes.

La audiencia está relacionada con el incidente de suspensión que la parte quejosa promovió ante el juez federal por la supuesta violación al amparo que se le concedió, mas no forma parte del juicio principal cuya resolución fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito el pasado día 20 de agosto.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordenaría su comparecencia por conducto del encargado de la Agencia Federal de Investigaciones si no lo hiciera en la fecha y hora señaladas, puesto que estaría retrasando la impartición de la justicia (Artículo 17 de la Constitución General de la República).

La audiencia no se llevó a cabo y fue diferida, por lo que no hubo comparecencia alguna ni a favor ni en contra por parte de la representante de este medio de comunicación; la reportera únicamente hizo constar su asistencia en atención al citatorio mediante una firma, de la misma forma en que lo hicieron el director del Sideapa y los representantes legales de ese organismo, Jaime Torres Nazer y del Municipio, José Lorenzo Natera, así como los abogados de la parte quejosa.

El Ayuntamiento vía su apoderado legal ratifica la denuncia interpuesta contra la reportera el día cuatro de septiembre. Un día después, la Dirección de Comunicación Social emitió un boletín en donde se afirma que la Alcaldesa dejó en claro que ni se va a hacer y mucho menos se está preparando una demanda en contra de algún medio de comunicación, porque “siempre ha sido mi postura, y siempre será, en estricto apego a derecho, de respeto irrestricto a la Libertad de Expresión”.

En el mismo boletín, el director de comunicación social, Sergio Uribe Rodríguez, manifestó que en Gómez Palacio se ha mantenido el respeto al precepto de la libre expresión; un “respeto absoluto hacia el ejercicio del periodismo”.

La expresión “respeto absoluto al ejercicio del periodismo”, es contundente y no debería admitir mayores interpretaciones, si el valor de la congruencia fuese de uso común.

El mensaje que hoy lanza la autoridad municipal de Gómez Palacio a los medios de comunicación y a los reporteros en especial, es que el respeto absoluto al ejercicio del periodismo será siempre y cuando este ejercicio sea cómodo y complaciente... de lo contrario el periodista se convierte en enemigo y por tanto se procederá en su contra.

La vocación autoritaria se expresa, en ocasiones, en la forma lineal y antidemocrática de asumir como única verdad posible, la propia.

Es entonces cuando surgen conflictos ante cualquier expresión que escapa al rígido planteamiento de que “si no están conmigo, en el momento y en la forma en que así lo desee, entonces eres mi enemigo”. Convertir esta vocación en norma que regule las relaciones entre sociedad y autoridades resulta por igual simplista y primitiva, tanto que se antojaría superada desde hace décadas.