Llaman a legislar sobre el secreto profesional
07 de sep de 2003.MÉXICO, DF (SUN/AEE).- Urge incorporar al sistema jurídico mexicano el secreto profesional de los periodistas, como un derecho que no sólo atañe a un grupo, sino “para proteger el derecho a saber de la ciudadanía”, aseguró Ernesto Villanueva, investigador en Derecho.
El coordinador del área del Derecho a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que no es suficiente que la Procuraduría General de la República (PGR) emita un acuerdo para regular las comparecencias de reporteros ante el Ministerio Público, pues jurídicamente “es como darle un mejoralito a un enfermo de cáncer”.
El jueves pasado un Ministerio Público y dos agentes federales pretendieron interrogar a un reportero de La Jornada en las propias instalaciones del diario, en una diligencia que fue calificada por las propias autoridades de la PGR como “torpe e inútil”.
Mario Álvarez Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, anunció el inicio de una investigación interna para determinar si los servidores públicos que intentaron que el reportero Gustavo Castillo revelara sus fuentes de información, incurrieron en responsabilidades administrativas o penales.
El incidente propició además que la PGR prepare un acuerdo para regular los casos y condiciones en que se citará a un reportero ante el Ministerio Público y sancionar los excesos de estos servidores públicos.
Al respecto, Villanueva, también presidente de la Asociación Civil Libertad de Información-México (Limac), indicó que la medida tomada por el procurador Rafael Macedo de la Concha, “es un signo positivo” de que las autoridades toman acciones para impedir excesos ante los amplios márgenes de discrecionalidad que existen en la materia.
No obstante, el investigador subrayó que se requiere una solución de fondo y ésta sólo es posible a través de la
legislación, de la creación de la Ley del Secreto Profesional y la modificación de ordenamientos como el Código de
Procedimientos Penales, porque el acuerdo de un procurador sólo regula en lo interno la actuación de los servidores públicos en la materia y puede ser revocado con la llegada de otro titular a la PGR.
Villanueva señaló que incidentes como el ocurrido con el reportero de La Jornada, que no son aislados, ponen en la mesa de discusión la urgencia de legislar en la materia y consideró que existen condiciones para lograrlo en el mediano plazo, ya que editores de medios de comunicación, legisladores y organismos no gubernamentales están en favor de que se cree esta ley, aún más cuando se ha avanzado en temas como el acceso a la información.










