La administración estatal desconoce problemas en delegación de la Segob
Citlalli Zoé Sánchez - 18 de mar de 2008.Aunque la Secretaría de Gobernación, (Segob) comunicó que Hugo Espino Contreras- delegado de la dependencia en Durango- fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal en la ciudad de Durango, luego de que la Secretaría de la Función Pública le comprobara que expedía de forma ilícita permisos para carreras de caballos y peleas de gallos, con cruce de apuestas, el Gobernador dijo no saber nada al respecto.
El mandatario estatal, Ismael Hernández Deras, ignoraba que existieran problemas con el representante de la Segob en Durango.
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el pasado 11 de marzo Espino Contreras fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Esta acción jurídica está sustentada en la Averiguación previa número AP/44/UEIDAPLE/LE/1/2008.
Cuestionado sobre esta situación, Ismael Hernández Deras, mandatario estatal, indicó que no tenía conocimiento oficial sobre este hecho. “Hemos quedado con el Presidente de la República y con el Secretario de Gobernación que cualquier cambio nos mantendríamos comunicados los gobernadores con esas dos áreas”, expresó.
ANTECEDENTES
Espino Contreras, quien se ostentaba como representante de la Secretaría de Gobernación, se desempeñaba como Analista Técnico de la dependencia y sus atribuciones no permitían emitir este tipo de permisos, ya que exclusivamente se tramitan y expiden por la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos en la Ciudad de México.
El funcionario federal y su hija Jennifer Espino Romero fueron encontrados en flagrancia en las oficinas de la delegación en el estado por Raymundo Cázares Ontiveros, representante de la Secretaría de la Función Pública, mientras expedían los permisos.
En el momento de la detención Espino Contreras hizo entrega al personal de la Función Pública de siete mil 500 pesos por concepto de dos permisos entregados y aceptó su participación en los hechos que se le imputan; reconociendo que lo hacía con pleno conocimiento de causa.
Testigos declararon que pagaban hasta seis mil pesos por una carrera de caballos y mil 500 por pelea de gallos. De acuerdo a las investigaciones realizadas se concluye que cuando menos el ex servidor público había emitido 20 permisos.
