Oídos sordos contra la denuncia de tala

El Siglo de Durango

Durante un recorrido de El Siglo de Durango por Piélagos, se comprobó la tala inmoderada del bosque.

SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.- Ante el burocratismo de las dependencias encargadas de proteger el medio ambiente y oídos sordos de los funcionarios, la tala del bosque es evidente como lo es el enriquecimiento ilegal.

Un grupo de comuneros de Piélagos se vio en la necesidad de ir hasta el Congreso de la Unión, a fin de ser escuchados, pues directivos de ese lugar amafiados con funcionarios, de manera ilícita niegan el derecho de utilidades a 100 personas, cuyos excedentes de dinero se quedan en los bolsillos de unos cuantos como Juan García Zurita, Luis Mejorado Soto, Modesto Corral y Camilo Mejorado, por mencionar algunos.

Los comuneros expulsados Miguel Corral Núñez, Javier, Raymundo y Rubén Mejorado Meraz, así como Lucila Nevárez en representación de otros 95 afectados viajaron a la ciudad de México, donde expusieron que desde 2005 les adeudan utilidades a razón de 20 mil pesos a cada uno por año, de acuerdo con la extracción de madera autorizada, sin considerar la que sacan de manera clandestina, como ya se ha comprobado en inspecciones pasadas.

Desde hace más de tres años los afectados han recurrido a las dependencias federales en la ciudad de México como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de la Reforma Agraria y Secretaría de la Función Pública, donde la semana pasada interpusieron una demanda contra la directiva de Piélagos, municipio de Otáez.

En el Tribunal Agrario de Durango solamente han encontrado burocratismo y falta de seriedad, pues las audiencias están programadas cada media hora; sin embargo, hay ocasiones en que son citados a las 11:00 horas y los atienden hasta las 15:00 horas, para luego decirles que se pospone por diversas excusas amañadas para desalentarlos y obligarlos a dejar el problema por la paz, añade Miguel Corral.

Son varias las audiencias a las que han acudido sin encontrar un fallo, porque todo lo ventila el secretario de acuerdos Arturo López Montoya, cuando debería ser la magistrada la encargada de atender los asuntos, expresa Raúl Castañeda, abogado de los comuneros.

Los comuneros afectados señalan que un grupo de personas asesoradas por Víctor Manuel Reyes Loera, quien no demostró ser abogado, ni quiso declarar al diario en una de las audiencias. Dicho sujeto es acusado de manipular a la gente, de abusar de la buena fe y dividir, inclusive, a las mismas familias para sacar provecho.

Tal es el caso de la asamblea del 15 de marzo de 2007 donde incitó a los asistentes a elaborar un reglamento legaloide para expulsar a quienes exigen sus derechos.

Los comuneros afectados manifiestan que seguirán hasta las últimas consecuencias hasta lograr que se haga justicia y se expulse a quienes solamente han dividido y generado problemas en la comunidad de Piélagos.