Piden protección para mexicanos condenados a muerte

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19 de abr de 2004.

Acuerdan diputados que el Congreso del Estado exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que implemente las acciones necesarias con el fin de proteger los intereses de connacionales enjuiciados en los Estados Unidos de Norteamérica.

Los legisladores exhortarán a la Cancillería mexicana a que implemente acciones tendientes a brindar protección a mexicanos enjuiciados en la Unión Americana, beneficiados con la resolución de la Corte Internacional de La Haya, Holanda, para que por la vía diplomática se busque el cumplimiento del fallo emitido por el Tribunal Internacional, y buscar que predomine el respeto a los derechos humanos.

Se trata de 52 connacionales que han sido condenados con la pena de muerte por los Estados Unidos de Norteamérica, en contravención a dicha norma internacional, además de que han sufrido violaciones en los procedimientos del país vecinos, por no permitírseles recibir asistencia consular, lo cual está consagrado en la Convención de Viena.

En la resolución de la Corte Internacional, conmina a las Cortes estatales de Estados Unidos a revisar los casos de 48 mexicanos que han sido condenados a muerte, y buscar un mecanismo especial para los tres restantes, en cuyos casos se ha agotado todos los recursos legales disponibles.

El Tribunal Internacional en su fallo consideró que sí existió por parte de los Estados Unidos de Norteamérica una violación al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, al no respetar los derechos básicos de los mexicanos, como la notificación consular al momento de su aprehensión, y en la decisión final.

En apoyo al punto de acuerdo, y para fundamentar su voto a favor del exhorto, el legislador panista Salvador Fernández Gavaldón dijo que no se debe aplicar la pena de muerte a los congéneres mexicanos, ya que se estaría en duda si la justicia y el derecho se aplican para el bien común.

“Nuestro partido tiende a velar por la dignidad y el respeto de los derechos humanos, y consideramos que es degradante para cualquier ser humano, porque violenta el derecho a la vida; pero además, hay normas internacionales en materia de derechos humanos, de los derechos políticos y civiles, que garantizan y salvaguardan la protección de los derechos de los condenados a pena de muerte”.

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