Niega juez suspender juicio político a Estrada
Cuernavaca, Morelos. (SUN-AEE).- El Juez Cuarto de Distrito con sede en esta ciudad negó al gobernador Sergio Estrada Cajigal Ramírez la suspensión definitiva del juicio político, promovido en su contra por el Congreso local.
La sentencia de juez Rubén Paulo Ruíz Pérez dice a la letra: “se niega la cancelación del acto reclamado a las autoridades responsables por las razones expuestas en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria”.
De acuerdo con los considerandos segundo y tercero dice: “no se advierte que el quejoso aduzca cuestiones de legitimidad de las autoridades responsables, ni de cuestiones de competencia entre los poderes del “stado o invasión de éstos”.
Asesorado por sus abogados, el Ejecutivo estatal presentó una petición de suspensión del juicio político, el cual no procedió en el Juzgado Cuarto de Distrito.
Sin embargo, queda pendiente la petición de amparo y protección de la justicia federal, en contra del Congreso de Morelos, Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado y 30 diputados locales.
En el proceso, Estrada Cajigal Ramírez reclama de ilegal la ratificación del punto de acuerdo, de fecha 4 de mayo del presente año, donde votaron a favor 19 y no 20 legisladores, como lo requiere la Ley Orgánica del Congreso de Morelos.
Marco Antonio García García, abogado laboralista e integrante del Foro Morelense de Abogados -que iniciaron el juicio político-, señaló que el juicio político continuará después que los defensores del Gobernador de Morelos “han perdido la primera batalla”.
Agregó que ahora esperarán la audiencia constitucional que el Juzgado Cuarto de Distrito fijó para el 17 de junio del año en curso, a las 10:40 hora local.
El proceso contra Sergio Estrada Cajigal derivó tras la aprehensión que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) al ex coordinador de la Policía Ministerial, Agustín Montiel López, acusado de nexos con el narcotráfico.
Además le fue reabierto un proceso al Gobernador por su presunta participación en el asesinato de un policía y un traficante de drogas. El Congreso local le solicitó pedir licencia mientras es investigada la posible corrupción en su administración, pero el Ejecutivo se negó.
