Editoriales
LUIS RUBIO
dom 5 jul 2015, 9:45am 4 de 7

El asunto del poder



A Jacobo Zabludovsky, hombre culto, recto y generoso.

¿Qué es la paz? ¿Es simplemente la ausencia de guerra?". Estas son las preguntas medulares que analiza Kant en La paz perpetua. Kant afirma que si la paz no es más que una tregua que acuerdan los contendientes para prepararse para su siguiente ataque, si la paz no es más que la continuación de la guerra por medios políticos, si la paz no es más que la exitosa subyugación de un contendiente por otro, entonces no es una paz real. De acuerdo con Kant, una paz real requiere el reino de la ley dentro del Estado y entre los contendientes. Es decir, requiere que todos los que acuerdan la paz crean en ella y la asuman como suya. En términos políticos, lo que se requiere para que haya paz es legitimidad. Si traducimos esto a la política mexicana, Kant reprobaría a los partidos políticos y al gobierno porque es evidente que no aceptan el reino de la ley, porque ven a los pactos y a las leyes como un medio para eliminar al contendiente en la próxima justa y no como una competencia en la que todos gozan de los mismos derechos, independientemente de que unos ganen y otros pierdan.

El problema del poder en nuestro país tiene dos dinámicas: la primera se refiere a las relaciones entre los partidos y los políticos. En esta dimensión, existe una conflictividad permanente y, a la vez, una funcionalidad. Aunque parezca paradójico, los dos planos son parte de la vida política del país: los últimos años han demostrado la existencia de capacidad de negociación, articulación de iniciativas y cooperación entre partidos y políticos; por otro lado, no deja de persistir la propensión a deslegitimar al contrincante, disputar la limpieza de los procesos electorales y asumir que la legitimidad se mide en términos de quién gana y no de que todos se apeguen a las reglas del juego. El hecho tangible es que la política mexicana sigue cimentada en la corrupción (pero ahora extendida a todos los partidos, no exclusivamente al PRI) y en la búsqueda del poder por cualquier medio, independientemente del costo.

La existencia de reglas del juego es una molestia más que la clase política ve como un costo de estar en el juego y no como una guía a la que tiene que apegarse sin discusión. Lo único importante es el poder y no hay límite alguno en la lucha por alcanzarlo, en buena medida porque el poder sigue siendo un juego de suma cero: lo que uno gana el otro lo pierde y no hay discusión al respecto. En este contexto, no hay peor enemigo de la clase política que la existencia de contrapesos porque estos limitan su capacidad de abusar. Lo anterior se deriva de que no hay un reconocimiento de que la mexicana es una sociedad diversa, dispersa y compleja que ningún partido o persona la representa a cabalidad. No hay una aceptación de que los partidos representan solo a partes del electorado y que su legitimidad se deriva de la construcción de coaliciones gobernantes y del respeto a los derechos de las minorías. El poder no es absoluto, razón por la cual es imprescindible institucionalizar mecanismos efectivos de representación y de distribución del poder que legitimen al gobernante y al ejercicio del poder.

La otra dinámica de la problemática del poder es la que se deriva de la relación entre los políticos y los ciudadanos. En contraste con las relaciones entre políticos, donde prevalece la ley de la selva o del más fuerte, en nuestra estructura política el ciudadano es más bien un estorbo: en México la clase política está protegida y aislada de la ciudadanía y goza de mecanismos que le permiten ignorarla. No hay mejor ejemplo de esta circunstancia que la forma en que se aprobó la reelección de legisladores en la reforma electoral más reciente: si bien, al menos en las democracias que se respetan, el objetivo de la reelección es acercar al representante con sus representados obligándolo a responder a sus demandas e intereses, la forma en que la reelección funcionará en México es mediante la aprobación del partido político respectivo. Es decir, los partidos tendrán veto sobre la reelección, factor que cercena el vínculo ciudadano-representante: una sutileza que hace irrelevante la reelección.

Quizá no haya mejor forma de examinar la distancia que existe entre la institucionalización del poder en México respecto a las democracias consolidadas que estudiar el origen de estas últimas, sobre todo en este momento que se celebra el 800 aniversario de la publicación de la Magna Carta, el pilar del Estado de derecho en los países civilizados y democráticos. En su esencia, la Magna Carta fue la consagración en papel de que la ley está por encima del soberano. Al firmar, el rey Juan I aceptó que ya no podría decidir reglas y actuar a su antojo, sino dentro de los límites que le imponía el contrato celebrado con la población. De esa aceptación siguieron los derechos y libertades que los países civilizados asumen como obvios: seguridad patrimonial, igualdad ante la ley, libertad de expresión, santidad de los contratos, elecciones frecuentes, justicia expedita, etc.

En 1215 Inglaterra era un país infinitamente menos desarrollado de lo que México es hoy. Es tiempo de que los mexicanos reconozcamos los costos de nuestra permanente incivilidad, propensión a conflicto y malos resultados económicos, todo lo cual se remite, de manera directa o indirecta, a la ausencia de legitimidad política. Esa legitimidad se perdió en los 70 por el abuso del poder y las crisis económicas. Hoy es imperativo construir una nueva legitimidad a partir de la reforma del poder.

@lrubiof

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