Durango
JUAN M. CÁRDENAS
lun 20 nov 2017, 7:55am 3 de 15

Transparencia, entre la negligencia y la ignorancia

Pendiente. El Instituto de Cultura respondió que no encontraba el contrato de la presentación de Alejandro Sanz en Durango; el asunto todavía está abierto pues se interpuso recurso de revisión. (EL SIGLO DE DURANGO)


Unidades de enlace cumplen su función de obstaculizar el acceso a la información pública.

En Durango acceder a información que debería ser pública es una batalla constante. Las instituciones públicas siguen negadas a entender que la transparencia es un camino sin retorno y se valen de todo tipo de "artimañas" y argumentos que en ocasiones rayan en lo ridículo, con tal de negar lo que los ciudadanos les solicitan.

Esto fue comprobado mediante una serie de ejercicios realizados por El Siglo de Durango para acceder a documentos que incluso deberían estar publicados en los portales de transparencia, pero la constante fue la negativa a proporcionar dicha información, ofrecerla "cercenada" y también se exhibieron las consecuencias de no contar con una Ley de Archivos pues hubo un caso en el que los documentos solicitados supuestamente ya no existen; derivando todo a su vez en una considerable lista de recursos de revisión para presionar a la entrega del material solicitado.

Esta serie de solicitudes comenzaron a realizarse desde abril pasado a diferentes dependencias estatales y municipales, a fin de obtener un diagnóstico de apertura de las actuales Administraciones en materia de transparencia, principalmente del Gobierno del Estado. Hasta la primera semana de noviembre, cuando se elaboró este reportaje, hay asuntos recién resueltos y otros que siguen pendientes de dictaminar por el Consejo del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP).

UNA LEY PENDIENTE

El 16 de junio del año 2010 hubo un concierto de corte internacional en ciudad de Durango. Elmer Figueroa, mejor conocido como Chayanne, abarrotó con más de diez mil asistentes la Velaria de la Feria en una presentación que marcó un parteaguas de presentaciones artísticas, en una ciudad poco acostumbrada a tener cantantes de este tipo.

Uno de los ejercicios para la elaboración de este trabajo consistió en solicitar la versión pública del contrato realizado entre el Gobierno del Estado y la representación artística de Chayanne, así como de los documentos que acreditaran el pago realizado para dicho concierto. La solicitud 00191817 fue realizada la mañana del 28 de abril y fue dirigida a la Secretaría de Finanzas y Administración.

De entrada, el plazo de entrega de la información venció el día 15 de mayo sin que dicha dependencia la proporcionara; ni siquiera se tomó la "molestia" de solicitar una prórroga para ampliar el periodo de respuesta, que es un recurso legal al que tiene derecho todo sujeto obligado en caso de que la localización de la información solicitada sea "complicada".

Esta omisión ameritó que se interpusiera el recurso de revisión RR/124 el día 26 de mayo. Entonces sí, la Secretaría de Finanzas "repartió" la solicitud a las dependencias estatales que pudieran tener relación con el tema e involucró al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y al organismo descentralizado Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango. Hasta el día 30 de junio se notificaron las respuestas de las tres instancias.

La Secretaría de Finanzas, a través de la Subsecretaría de Egresos, aseguró que no tenía manera de consultar en sus archivos y sistemas nada anterior al año 2012, "debido a una configuración distinta en el sistema de contabilidad a partir de ese año, situación por la que se realizó el cambio de juego de libros del ejercicio 2012 a 2016". En otras palabras, lo que la dependencia estatal quiso decir fue que se deshizo de todo documento que consideró que había cumplido su "vida útil". Por lo que en ninguna de sus áreas existía la información solicitada.

El DIF Estatal y organismo de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos descartaron tener dichos documentos; sobre todo esta segunda área, que fue creada casi dos años después del concierto de Chayanne.

Ante esta respuesta, se interpuso otro recurso de revisión, marcado con el folio RR/180, el día 26 de julio al considerase que pese a cualquier cambio en el sistema de consulta y resguardo, como lo argumentó la Secretaría de Finanzas, debía privilegiarse la preservación de archivos de la Administración Pública, sobre todo cuando implicaron una contratación pagada con el erario. Pero fue hasta el 7 de noviembre, más de seis meses después de que se realizó la solicitud, cuando el Consejo del IDAIP resolvió este último recurso de revisión relacionado con el tema y ordenó a los Comités de Transparencia involucrados sesionar para declarar formalmente la inexistencia de los documentos.

El 17 de noviembre concluyó todo este proceso, con la declaración de inexistencia.

SE DESENTENDIERON

El secretario de Salud d Gobierno Federal, José Narro Robles, asistió al arranque del programa Salud Integral Niñas y Niños, con el que se emprendió una campaña para hacer análisis de sangre a los alumnos de todas las escuelas primarias de la entidad; a la par, se les hacen pruebas de optometría y a quienes lo requieren se les dota de anteojos. Las mediciones de talla y peso también permiten detectar a los infantes que presentan obesidad y/o sobrepeso, con el consecuente tratamiento para regular el problema. Pero, ¿todo eso es gratis?

Esa fue la interrogante que motivó que se realizaran tres solicitudes de información, el día 4 de abril, para conocer las condiciones en las que se dio el convenio en el que el Gobierno del Estado coordina la campaña para los análisis que realiza la Fundación Vizcarra, como proveedora de los insumos necesarios para las pruebas médicas. El expediente 00164117 fue dirigido a la Secretaría de Finanzas y Administración; el marcado con el folio 00164217 se hizo a la Secretaría de Salud del Estado, y el 00164317 al Sistema DIF Estatal.

Las tres solicitudes fueron iguales para pedir la versión pública de los contratos, anexos, convenio modificatorio y el anexo de éste, tanto para el esquema de proveeduría de anteojos como de pruebas de laboratorio a los alumnos duranguenses. El plazo de respuesta venció el 3 de mayo sin que ninguna de las tres dependencias respondiera su respectiva solicitud ni solicitara prórroga; simplemente omitieron la respuesta.

El día 10 de mayo se interpuso el correspondiente recurso de revisión con folio RR/108. Fue hasta el día 10 de julio cuando el IDAIP notificó la respuesta proporcionada por el Gobierno del Estado a la solicitud, en la cual se incluyó el convenio de coordinación celebrado con la Fundación Vizcarra compuesto por diez fojas.

En su respuesta, el Gobierno del Estado proporcionó únicamente el convenio firmado con la Fundación Vizcarra, en el cual incluso mencionaba en diversos párrafos la existencia de Anexos, tal como se había pedido en la solicitud inicial; de tal forma que se realizó otro recurso de revisión, éste marcado con el folio RR/168 en el que se hizo ver que estaba incompleta su respuesta.

En este caso, fue hasta el 17 de noviembre que proporcionó el Anexo I que implica el contrato de compra-venta entre ambas partes. Es decir, el caso llevó siete meses.

 HASTA AHÍ LLEGÓ

A finales de mayo del 2017 en el Cabildo de Durango se hicieron múltiples señalamientos por la impresión de una revista en la que el Ayuntamiento difundió obras y gestiones realizadas a nivel federal, proyectando la figura del alcalde.

El argumento empleado por el Gobierno Municipal para la elaboración de dicha revista, al considerarla como "órgano informativo del Municipio" para difundir las actividades del Ayuntamiento y su representante. Entonces, El Siglo de Durango buscó conocer de manera documental la inversión para este fin.

El 7 de junio se realizó la solicitud 00229417 en la que se pidieron los documentos que acreditan el pago de la impresión de la revista. El Ayuntamiento distribuyó la petición a diferentes áreas y, por ejemplo, la Dirección Municipal de Administración y Finanzas dijo no contar con la información, pues la revista era competencia de la Dirección de Comunicación Social.

Fue esta dependencia la que, el 21 de junio y todavía dentro del plazo legal, respondió que la primera revista "forma parte de un proyecto integral brindado a la Dirección de Comunicación Social, en el que se incluye la impresión del documento". Añadió que los trabajos de diseño, edición, contenido, editorial e información y distribución se realizaron con recurso humano de esa área".

Con el fin de agotar el procedimiento hasta las últimas instancias, se presentó el 26 de junio el recurso de revisión para que se agotara la búsqueda del documento solicitado. Pero hasta la segunda quincena de noviembre, no se notificó respuesta alguna.

 OTRO "LUJO MUSICAL" SIN COMPROBAR

El 9 de julio se elaboró la solicitud 00295417 dirigida al Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) para acceder a los documentos que acreditaran la contratación del cantante español Alejandro Sanz, para su presentación en el Festival Revueltas del año 2013, y del también ibérico Miguel Bosé un año después.

Al igual que en otros casos, el asunto tuvo que ser llevado a recurso de revisión, interpuesto el día 14 de agosto, debido a que el ICED se concretó a responder que la Dirección de Promoción y Difusión no tenía "información alguna sobre el contrato y presentación de Alejandro Sanz".

Daniel Hernández Vela argumentó en un documento que su nombramiento al frente de dicha Dirección se había realizado el 19 de junio y para la fecha de respuesta, el 4 de agosto, no se le había hecho entrega-recepción. "Compartimos el interés de saber qué pasa con ese contrato".

El recurso de revisión fue promovido al considerar que la respuesta del ICED carece de fundamento para negar la entrega de la información, pues no se agotaron las instancias legales. Este asunto tampoco ha sido resuelto.

 ¿QUIÉN MEJORA LAS ESCUELAS?

El programa conocido como Escuelas al Cien es un esquema con el que el Gobierno Federal asigna recursos a planteles de los diferentes niveles educativos, a fin de realizar mejoras en materia de infraestructura basadas en proyectos.

Esta fue otra de las temáticas elegidas por El Siglo de Durango para la elaboración de este trabajo. El 24 de agosto se elaboró la solicitud 00374617 dirigida al Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango (INIFED), que es el área que concentra los documentos relativos a las obras antes mencionadas.

Al INIFED se le pidieron los contratos de obra signados dentro del programa Escuelas al Cien en los años 2015, 2016 y 2017. Pero el día 6 de septiembre se tuvo que interponer el recurso de revisión RR/189 debido a que dicha dependencia ofreció una respuesta "a medias".

La irrisoria contestación del INIFED se concretó a facilitar la versión pública de sólo 13 contratos correspondientes a las obras que ya estaban terminadas; pero para ello proporcionó un link para realizar la supuesta descarga de los documentos, el cual direccionaba a un portal inexistente.

El colmo fue que el Instituto argumentó que el resto de los contratos no podía proporcionarlos porque las obras aún se encontraban en ejecución, de manera que para acceder a ellos se debía realizar una nueva solicitud de información.

Tan ilegal fue esa respuesta que en la XI Sesión Ordinaria del IDAIP, celebrada el 1 de noviembre, los consejeros aprobaron por unanimidad el proyecto en el que se resolvió instruir al INIFED modificarla y proporcionar la totalidad de los contratos solicitados, pues no existe argumento alguno para que haya entregado la información de manera parcial.

El día 15 de noviembre fue notificada una solicitud de prórroga de dos días por parte del INIFED para reunir la información solicitada; al cierre de esta edición, el 19 de noviembre, los documentos no habían sido proporcionados.

 UN ASUNTO ESTANCADO

A finales de abril pasado, El Siglo de Durango publicó una investigación que documentó, mediante una serie de solicitudes de acceso a la información, que las antiguas instalaciones de la Feria fueron subastadas con autorización del Congreso del Estado, por 73 millones de pesos.

Pero también se comprobó que no fue el único predio subastado durante la Administración Estatal pasada con autorización del Legislativo.

Para continuar con dicha investigación, el 6 de septiembre se solicitó a la Secretaría General de Gobierno el contrato de compra-venta de un segundo predio subastado por el Ejecutivo en el año 2010; así como los documentos que comprobaran el pago realizado por el ganador de la subasta.

Pero el 27 de septiembre, un día antes de que venciera el plazo legal de respuesta, la dependencia contestó para acceder a los documentos solicitados se debía realizar un pago y una posterior consulta en el Registro Público de la Propiedad.

Ante esa respuesta, firmada por el subsecretario General de Gobierno y exdiputado local José Luis López Ibáñez, el mismo 27 de septiembre se interpuso el recurso de revisión RR/199 al considerarse que se trata de documentos públicos a los que se puede acceder mediante solicitudes de transparencia.

A la fecha, el asunto tampoco ha sido resuelto.

Está en sus genes

Durante su visita a Durango a finales de octubre, Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), señaló que pese a los avances en la materia, persiste la renuencia de las instituciones públicas a dicha apertura pues las instituciones públicas no nacieron con el “gen” de la apertura sino para ser controladas por sus titulares y los gobernantes.

“Sobre cada pregunta se establece un control en la medida en la que se exige respuesta y en la que las autoridades ahora tienen que responder sin cortapizas, sin pretextos, sin buscarle la vuelta al asunto, sin salidas falsas; claro, esas resistencias algunas son solapadas y otras son frontales. Todavía hay autoridades públicas que se molestan y lo demuestra, se irritan cuando les llegan solicitudes de acceso incómodas. Es la incomodidad del derecho a la verdad”, manifestó.

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