Internacional
EFE
mar 6 feb 2018, 12:58pm 21 de 37

Mantendrá Ecuador la protección internacional para Julian Assange

Ecuador mantendrá la medida mientras el Gobierno de Lenín Moreno considere que la vida del fundador de WikiLeaks se vea en peligro. (EFE)


Ecuador mantendrá la protección internacional para Julian Assange a pesar de que seguirá en vigor la orden británica de detención contra el activista australiano y nacionalizado ecuatoriano, según ha podido saber Efe de fuentes oficiales.

De acuerdo a las mismas, Ecuador mantendrá la medida mientras el Gobierno de Lenín Moreno considere que la vida del fundador de WikiLeaks se vea en peligro, según "el mandato constitucional de defensa de los derechos humanos y los tratados internacionales suscritos por Ecuador".

A pesar de su decisión, el Gobierno ecuatoriano aspira a seguir manteniendo "las mejores relaciones" con el Reino Unido y buscará una salida "satisfactoria para los dos países", que tenga en consideración los derechos humanos.

La justicia británica mantuvo hoy la orden para detener al activista australiano si abandona la embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado desde 2012, a pesar de que Suecia retiró el pasado mayo la petición de extradición por acusaciones de supuestos delitos sexuales que pesaba sobre él.

La juez de la Corte de Magistrados de Westminster Emma Arbuthnot dictaminó ante una sala repleta de público que el fundador del portal WikiLeaks debe responder todavía por haber vulnerado los términos de su libertad condicional cuando se encerró en la legación diplomática.

El equipo legal de Assange puede recurrir ante instancias superiores esa decisión y presentó además nuevos argumentos a favor de retirar la orden, que considera un castigo desproporcionado "en contra del interés público", un punto sobre el que la juez prevé pronunciarse el próximo martes.

Assange, de 46 años, no se presentó ante un tribunal que requería su presencia el 29 de junio de 2012, pocos días después de haberse refugiado en la embajada, una ofensa que puede acarrear una pena máxima de un año de prisión en el Reino Unido.

La magistrada del tribunal de Westminster rechazó los argumentos que esgrimió hoy la defensa, que consideraba que la orden de detención ha perdido su propósito una vez que Suecia ya no le reclama.

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