México tiene una contracción muy fuerte en su economía, casi el doble comparada con Estados Unidos. Una de las causas más claras es la falta de contención por parte del Gobierno, no se aplicaron medidas para controlar y contener los números rojos, se dejó llegar el "golpe económico" por la necedad en que se ha convertido la "austeridad republicana" del Presidente, un concepto infundado que ha abanderado erráticamente esta administración.
Algunas dependencias del Gobierno Federal han tomado decisiones como retirarles computadoras, escritorios, mesas, sillas y hasta el papel higiénico al personal que labora en ellas; lo anterior, para cumplir con el mandamiento presidencial de la austeridad como núcleo del quehacer político. Los activos tangibles, o sea, los elementos enlistados anteriormente, constituyen gastos que ya se hicieron por parte del Gobierno. ¿De qué sirve entonces quitárselos a los servidores públicos que los utilizan? Esta medida, en lugar de fortalecer las finanzas públicas, deja sin herramientas a los trabajadores del Estado y, por ende, se vuelven improductivos. A pesar de orillarlos a la improductividad, no pueden - ni deben- dejar de pagarles su salario por una decisión del jefe, tampoco despedirlos sin causa justificada porque eso obligaría a liquidar al personal, o tirar a la basura millones de pesos en el momento menos indicado, que es lo mismo. Si estas dos alternativas no son viables, ¿por qué dejarlos sin lo necesario para laborar? ¿Por qué evitar que su tiempo y estancia en su lugar de trabajo sean provechosos?
No podemos dejar de lado la realidad que agobia a nuestro país desde hace décadas: la falta de dinero. Este año en particular la caída en los ingresos será más notoria. Debido a la baja en el consumo, caída de los precios del petróleo y la escasa recaudación por el pago de impuestos, es necesario que se tomen decisiones más estructuradas en materia económica, que las contempladas por la austeridad de Andrés Manuel, ya que dejar sin prestaciones laborales a los trabajadores de la Federación en tiempos como el que vivimos no solo es inhumano: también es inconstitucional. No puedes empobrecer al otro por decreto, pero sí por negligencia. Es imposible afirmar que la austeridad republicana sea suficiente para blindar el presupuesto de los 38 programas y proyectos prioritarios; lo que queda claro es que su preferencia es conservar a tope el Tren Maya, Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía.
Vale la pena traer a colación una nota del periódico Reforma durante esta semana donde quedó claro que pagar por adelantado y sin supervisión resultó una mala política pública, pues en el primer año del programa "Sembrando Vida" sólo sobrevivió un 7 por ciento de los arboles contemplados en el programa y no hay transparencia en la entrega de apoyos a campesinos. En palabras de la propia secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, de una meta inicial de 575 millones de árboles y plantas, solo se plantaron 80 millones y de este raquítico resultado, sobreviven apenas un 50 por ciento. Entonces, ¿le parece justo que a unas personas se les quiten sus aguinaldos y prestaciones que establece la ley, sus sillas y equipo de cómputo para el trabajo, pero a otros les paguen un sueldo sin exigirles estándares de productividad? Esto es la austeridad de la 4T.
Ahora lo que se busca en algunos países es la reactivación a través de programas y medidas económicas agresivas, algo que se vislumbra lejano en México. El problema es el mencionado anteriormente: no hay lana. En apenas dos años se ha esfumado la inversión extranjera, plantas instaladas han cerrado sus puertas, se derrumbó el gasto público y el consumo privado. En este momento resulta necesario preservar el nivel de empleo y evitar el incremento de la pobreza, por lo que es necesario incrementar el gasto público para compensar la falta de consumo por parte de los hogares y las familias. Para aumentar el gasto del Gobierno cuando no cuenta con recurso propio para hacerlo solamente hay de dos sopas: o contraer mayor deuda pública o cobrar más impuestos -a los que más tienen, obviamente-. Necesitamos ambas.
En el pasado, el endeudamiento público no ha tenido un impacto directo como incentivo para generar crecimiento económico y se ha utilizado de manera irresponsable. No tiene por qué repetirse la historia. El recurso que se obtenga debe dirigirse a los ciudadanos más afectados por la crisis y, por consiguiente, idear cambios en la política fiscal que permitan financiar la nueva deuda pública. Los estragos no deben sufrirlos quienes menos tienen; es responsabilidad de todos contribuir a la recuperación de México, según nuestras posibilidades. Es justo y es necesario.
@eduardguezh