Y tras el corrupto canto de Lozoya, ¿perderá el PRI su registro electoral?
Después de que judicialmente se está demostrando el financiamiento ilícito de las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional, tanto de la presidencial de Enrique Peña Nieto en el año 2012 como en los procesos electorales del 2016, lo que falta saber es si, una vez establecido y comprobado todo esto, las máximas autoridades electorales decidirán retirarle su registro electoral al tricolor, lo cual sería más que merecido, por supuesto.
Tras conocerse las declaraciones de Emilio Lozoya en el sentido de que la constructora brasileña Odebrecht entregó varias remesas de 4 y 6 millones de dólares para financiar la campaña de Peña Nieto, lo previsible es que haya consecuencias ante tan grave ilegalidad, de la cual ni por enterados se dieron los que conformaron la estructura electoral en aquel 2013, comenzando por las autoridades electorales. De hecho, todos fueron incapaces de detectar la procedencia del escandaloso derroche de recursos de la campaña priista, incluyendo dinero de los estados.
La denominada "Operación Safiro" advierte la participación de algunos exgobernadores que desviaron centenas de millones de pesos para beneficio del PRI, como el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y el de Durango, Jorge Herrera Caldera. De un caso y otro, es decir, tanto de las entregas de Odebrecht como de la "Operación Safiro" hay pruebas suficientes para proceder legalmente contra el tricolor.
Las causas por las cuales un partido puede perder su registro electoral están claramente especificadas en el artículo 144 de la nueva Ley de Partidos Políticos. La primera es por no participar en un proceso electoral, por no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior o en alguna de las elecciones federales ordinarias el 3 por ciento de la votación, o por haberse fusionado con otro partido.
Empero, hay otro motivo más fuerte: por incumplir "de manera grave y sistemática", a juicio del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, "las obligaciones que le señala la normatividad electoral". Y si excederse en los gastos de campaña utilizando dinero de procedencia desconocida, así como de gobiernos estatales, no es un incumplimiento grave y sistemático a la ley vigente, pues entonces que el INE nos diga a qué se refiere esta norma.
De la misma manera, en el artículo 129 de la Ley de partidos políticos se especifican las conductas por motivos de sanción, que van desde incumplir las resoluciones del INE, las nuevas obligaciones en materia de financiamiento y fiscalización, exceder del gasto del 2 por ciento en los procesos internos de selección de candidatos y no cumplir las obligaciones relativas a la transparencia y acceso a la información. Y ciertamente lo que el PRI le ha hecho a México amerita mucho más que una sanción.
Ahora que estamos en tiempos electorales será muy interesante observar el arrojo de quienes aún se atrevan a pedir el voto a nombre del PRI en los próximos comicios; tal vez desean que se alargue la pandemia para realizar campaña desde casa, en forma virtual, donde se sientan seguros de no recibir en vivo y en directo el repudio casi generalizado de un electorado más que harto de este partido político que durante casi 9 décadas abusó del país.
COLMILLOS Y GARRAS
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