Entre los daños graves que ha causado la pandemia del COVID-19 a la sociedad mexicana, se encuentra la parálisis de la función de impartición de justicia, que puso en pausa a los tribunales de los niveles federal y estatal de gobierno.
La impartición de justicia es la función del estado de aplicar la ley general y abstracta a casos concretos, con el fin de resolver conflictos de particulares entre sí, o frente a los órganos del propio estado, y es una obligación de las autoridades, correlativa de un Derecho Humano fundamental reconocido por el artículo 17 de la Constitución de la República, en favor de todo gobernado, que como tal tiene derecho a la justicia pronta, expedita y completa. La suspensión de la función jurisdiccional fue decretada por acuerdo de los Poderes Judiciales de la Federación y de los Estados, a mediados de marzo pasado; el reinicio se ha dado de modo paulatino, y por lo que hace al Estado de Durango, se reiniciaron actividades el lunes de la semana pasada.
La impartición de justicia nunca debió de ser suspendida por tratarse de una actividad esencial, que de un primer nivel de importancia en la vida diaria de los ciudadanos, trasciende hasta la misma razón de ser del Estado. Sin embargo nuestros sistemas judiciales se vieron rebasados, porque su infraestructura inmobiliaria es insuficiente para cumplir medidas de sana distancia y por lo que hace a la justicia digital se encuentra en pañales, debido a que pese a los grandes presupuestos que se autorizan en ese rubro desde hace décadas, la corrupción imperante aprovecha la constante innovación que propicia el reemplazo continuo de sistemas, equipos y programas, para desviar el destino de los recursos sin dejar huella.
En el caso de Gómez Palacio es conocido el obtuso empeño de mantener el edificio en el que se alojan los juzgados civiles y familiares frente a la Plaza de Armas, a costa de sucesivas remodelaciones millonarias, que no justifican ni reflejan lo cuantioso de las supuestas inversiones, que en cada ocasión se dicen haber realizado; el inmueble es un laberinto de cinco pisos en el que rara vez funciona el elevador, y los juzgados están apeñuscados en recintos en los que la aglomeración de personas resulta inevitable. Si algo bueno ha surgido de la pandemia, consiste en que ha puesto en evidencia el atraso e ineficiencia de los órganos del estado, lo que en Durango obliga a las autoridades judiciales a ponerse las pilas.
Es cierto que los juzgados y tribunales del Poder Judicial de Coahuila dejan mucho que desear sin embargo, en el Estado de Durango existe un atraso mayor y sobre todo, se advierte una actitud indolente y desdeñosa por parte de las autoridades, que ha intoxicado la relación con abogados y justiciables. En el caso de Durango la suspensión se prolongó por cuatro meses y medio, más del doble de tiempo de lo que duró en Coahuila, y los protocolos aplicados al reiniciar lejos de satisfacer las expectativas de los usuarios son percibidos como una burla; los abogados inconformes argumentan que la reapertura es mera simulación, que no impulsa los juicios en un nivel mínimo de rendimiento y calidad.
Los reclamantes insisten en que el desempeño del Poder Judicial de Durango resulta objetivamente precario e insuficiente en relación con lo que exigen las circunstancias y solicitan la renuncia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. La protesta ha salido las calles y en la Capital ha estallado en manifestaciones de violencia y vandalismo, que como tales son inadmisibles sin embargo, la autoridad en vez de proceder con mesura y atender el fondo de la cuestión, ha respondido de modo represivo y persecutorio.
Es posible que las protestas puedan tener un fondo político en contra del grupo en el poder, pero nada justifica la indolencia en el ejercicio de la función jurisdiccional porque al fin y al cabo, la sociedad duranguense en su conjunto y el gremio de abogados en específico, merecen una buena atención.