Las confesiones que ha hecho Emilio Lozoya sobre el modo de operar del gobierno de Peña Nieto dejan una serie de interrogantes y dudas que es importante revisar. Independientemente del resultado del caso, el objetivo es la impartición de justicia dentro del estado de derecho. Sin embargo, esa premisa es la que parece estar hoy en duda.
Hay opiniones que dicen que el caso Lozoya se trata de un show para beneficiar electoralmente a la 4T y terminar de hundir a los partidos que gobernaron antes, el PRI y el PAN. Otros tienen la esperanza de que se pueda romper lo que se conoce como el pacto de impunidad, que mantenía la clase política del PRIAN, cuya expresión de la justicia era un ajuste de cuentas interno con integrantes que caían en desgracia, como sucedió con Díaz Serrano, la Quina, Elba Esther Gordillo, algunos gobernadores y otros políticos, en donde cada sexenio se hacía una pequeña ceremonia de limpia y algunos pagaban los platos rotos, nunca los de mero arriba, sino los de segundo nivel y siempre mediaban razones políticas.
Jorge Zepeda Patterson ha expuesto una tesis interesante en un artículo publicado en "El País" (13/08/2020), en donde afirma que con el caso Lozoya quizá estamos ante una novedad, es decir, el rompimiento del secreto mafioso de un integrante de la élite que estuvo en una posición de poder muy relevante y está dispuesto a hablar sobre las negocios fraudulentos y los operadores que rodearon a uno de los gobiernos más corruptos de las últimas décadas. Si el argumento se comprueba, estaríamos ante un cambio importante que podría romper el pacto de impunidad. Si el resultado fracasa, el gobierno actual, la nueva Fiscalía autónoma y las expectativas ciudadanas de combatir en serio la corrupción, se vendrían abajo con importantes consecuencias.
Por lo pronto, la confesión inicial de Lozoya le pega a varios actores e instituciones. Tomemos con cautela la confesión mientras se prueban las acusaciones y se judicializan los expedientes. Hay dardos en contra de los que dieron las órdenes, Peña Nieto y Luis Videgaray, como superiores de Lozoya; del proceso electoral del 2012, cuestionado por los recursos sucios que le inyectaron a la campaña del PRI; el IFE que no pudo detectar y fiscalizar esos recursos y el Tribunal Electoral que avaló toda la elección; la PGR del sexenio pasado que no hizo nada antes las denuncias que le llegaron; Felipe Calderón por su relación con Odebrecht en el caso de la planta Etileno XXI; el Pacto por México y el Congreso de la Unión, en donde hubo sobornos y compra de votos para aprobar reformas; y, sin duda, el PRI y el PAN, como partidos que gobernaron el país en ese momento. También se da un duro golpe a la transición democrática, que no se ha podido quitar del camino el dinero sucio en las campañas electorales, desde Pemex-gate, Amigos de Fox, hasta Monex-gate, OHL y Odebrecht.
¿Es Lozoya la punta del iceberg de un maxiproceso similar a lo que sucedió en Brasil con el de Lava Jato? No sabemos. Lo cierto es que en México había una protección mafiosa para no llegar a la investigación y pagar las consecuencias de esa corrupción. En otros países de América Latina han caído gobiernos, se ha encarcelado a presidentes por la trama de una delincuencia organizada internacional. En Brasil uno de los efectos no deseados del Lava Jato fue la llegada de Bolsonaro. Aquí en México llegó primero el proceso político de 2018 y después la judicialización. Vamos a ver hasta dónde llegan los dardos de Lozoya en esta siniestra historia...
@AzizNassif