Hay 18 denuncias ante IDAIP por opacidad
No todas las dependencias están subiendo la información que están obligadas a tener en sus portales, lo que derivó en 18 denuncias por incumplimiento presentadas ante el Instituto Durangurense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Idaip).
En tal sentido, durante el tiempo de suspensión de plazos que determinó el Consejo General por la pandemia de Covid-19 se emitieron 42 resoluciones por diversos asuntos, dejando las ponencias sin rezago en los asuntos cuyas actuaciones ya habían concluido.
Entre los asuntos abordados estuvieron estas 18 denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, de las cuales en nueve casos se determinó que eran fundadas, en cuatro parcialmente fundadas y en cinco infundadas.
En ninguno de los casos se precisó de qué sujetos obligados se trata debido a que son procedimientos abiertos.
Adicionalmente, se revisaron 23 recursos de revisión interpuestos por ciudadanos que no estuvieron conformes con la respuesta a sus solicitudes de información emitidas por los sujetos obligados. De estos, se determinó que se tendrá que modificar la respuesta en nueve recursos, en un caso se estableció revocar la respuesta, en dos confirmarla y en 10 sobreseer el recurso.
Durante el periodo de suspensión de plazos se siguieron recibiendo recursos de revisión y denuncias por lo que se emitieron 194 acuerdos para desechar, prevenir o admitir dichos procedimientos los cuales en su mayoría resultaron improcedentes.
Esto, debido a que se presentaron por falta de respuesta pero, por la suspensión de términos de los sujetos obligados, aún pueden dar respuesta.
Con la activación de plazos desde el pasado 3 de agosto, estas resoluciones y acuerdos fueron notificadas a los sujetos obligados para que respondan.
Se hicieron 55 verificaciones virtuales de las obligaciones de transparencia derivado de las denuncias presentadas.
Adicionalmente, durante el periodo de la suspensión de términos, se llevó a cabo un procedimiento de verificación de datos personales imponiendo una multa por 12 mil 900 pesos a un sujeto obligado.
La suspensión de plazos no impidió que los ciudadanos pudieran seguir presentando sus solicitudes de información o medios de impugnación, por lo que el instituto resolvió los procedimientos en los que las actuaciones ya habían concluido hasta antes de la pandemia y los que se fueron presentando.