Conflicto de alcalde y periodista llega a la SCJN; prevén decisión histórica sobre libertad de expresión

Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó el conflicto entre el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, y el periodista Héctor González García, conductor de la televisión local, lo cual podría convertirse en el factor que establezca los límites de la comunicación institucional de los gobernantes cuando se refieren a la labor periodística.

De acuerdo con el comunicador Pascal Beltrán del Río, González García denunció por amenazas al alcalde, luego de que ambos se encontraron en el estacionamiento de un restaurante en Chihuahua, a donde acudieron para presenciar el informe del gobernador Javier Corral.

Según lo dicho por el periodista, Cabada Alvídrez trató de golpearlo y lo amenazó, aparentemente molesto por los comentarios de respecto a la manera en que el ayuntamiento de Ciudad Juárez ha otorgado contratos de comunicación social al canal 44, propiedad de su familia.

"Cometí el error de saludarlo cuando nos cruzamos", confió González García a Pascal, en conversación telefónica, en la que agregó que cuando el alcalde "se dio cuenta de que era yo, me empezó a insultar y me amenazó con partirme la madre. Sus guaruras se lo acabaron llevando, pero uno de ellos me puso la cacha de la pistola en el costado y me dijo que me anduviera con cuidado".

Ante esto, González García presentó una denuncia, la cual no prosperó dado que el juez alegó que era la palabra del alcalde contra la suya y que no había pruebas.

No obstante, previo al fallo, Cabada Alvídrez convocó a una conferencia de prensa para hablar del caso, donde reconoció que ambos que se habían encontrado y que él había sido presa de sus emociones, según detalla Pascal Beltrán del Río.

"Por supuesto que le reclamé", aceptó, señalando que le dijo "que era un mentiroso, un difamador, que se había dedicado a tergiversar la información en relación con su servidor. Claro estoy que no se lo dije en los mejores términos, pero jamás de mi boca salieron amenazas, mucho menos de muerte. Lo único que me motivó fue la emoción de tantos años de estar escuchando a este sujeto".

Tras esto, González denunció a Cabada por daño moral y aunque perdió el caso en dos instancias, en tercera instancia, el caso fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y junto con él, la queja presentada por Cabada por la negativa de los jueces de obligar a González a cubrir el costo de sus abogados.

Ahora, la discusión en la SCJN se centrará en "establecer parámetros" que permitan a los juzgadores "resolver asuntos en los que se vean involucradas expresiones o actos de comunicación de personas servidores públicos cuyo objeto sea la labor periodística o la manera en que la desarrollan quienes se dedican a ello", de acuerdo con lo que informó la Corte la semana pasada.

Justificando la atracción del caso, la Primera Sala argumentó que implica "la solución de cuestiones relevantes" que "impactarían directamente en la materia de derechos humanos, pues servirían de parámetro para plasmar doctrina en torno de si las personas servidoras públicas tienen libertad de expresión".

Además, buscará establecer si una autoridad puede llegar a inhibir la libertad de expresión cuando habla sobre un comunicador y su actividad.