Hemos mencionado que, en la visión estratégica adoptada por nuestro Presidente, se reforma la Ley de Seguridad Nacional (DOF 08-noviembre-2019), definiéndola como la encargada de realizar acciones de manera inmediata y directa para mantener la integridad del territorio nacional, la estabilidad política, económica, social y particularmente la permanencia del Estado mexicano.
Lo que entraña proteger a México de las amenazas y riesgos que ya estén presentes, ya sea heredadas y con responsabilidades ajenas, o se prevea su manifestación; preservar la facultad de decidir con libertad e independencia; la defensa de nuestro pueblo, territorio y gobierno por cualquier medio.
Fortalecer las instituciones y continuar siendo una República democrática, unida, libre, independiente, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.
La seguridad nacional construye la condición de paz y tranquilidad necesaria para que la diplomacia en lo internacional; la defensa y el desarrollo en lo interno, nos permitan vivir a los mexicanos en convivencia sana y con bienestar.
La aplicación de justicia inicia con la atención de los casos que suponen la transgresión de la ley y la comisión de delitos.
La instancia responsable de atenderlos actualmente y que representa a la sociedad es formalmente autónoma e independiente de la instancia encargada de la Administración Pública y coadyuvante con la responsable de la impartición de justicia que interpreta y aplica la norma que rige nuestra convivencia pacífica.
Su tarea es perseguir el delito y procurar la justicia, con respeto a la libertad de los individuos, siempre cuidando los principios de la democracia republicana; es protagonista en la tarea de mantener el equilibrio entre la libertad y el orden para nuestra democracia.
En la actualidad, el discurso se ha vuelto parcial, donde al Fiscal se le suman las pretensiones políticas y afines a la persecucion obsesiva, donde el soporte de peritos, investigadores y demás instancias que buscan la evidencia sustentada deja de ser importante; el método que se aplica únicamente atiende la culpabilidad, puesto que se soslaya la inocencia de los acusados, es atípico y violenta los derechos de las personas.
Cualquier opinión contraria es objeto de escarnio público, la conclusión ya fue determinada y todos deben acatarla como verdad "sine qua non". Las filtraciones negativas en contra de quien o quienes sean señalados por la mañana se vuelven la forma cotidiana de actuar durante el día; la persecución del delito se convierte en la persecución de personas.
La procuración de justicia pierde su esencia, impactando al impartidor de justicia, quien está siendo condicionado a resolver conforme al clamor de verdaderos corifeos; de lo contrario se convertirá en un perseguido más, desaparece el debate competitivo entre fiscal y defensa, solo hay una historia que se repite pública y obsesivamente; la verdad sobre lo que pasó y quien es el responsable dejó de ser importante: cumplir con lo ya dicho y sustentarlo con la repetición constante es el fin.
Una estrategia humanista, que privilegie la atención de los riesgos y amenazas que confronta o puede confrontar el Estado es la que considera las siguientes tres vertientes:
La político-social, que contempla la coordinación entre las instancias que atienden la identificación de las causas y los efectos de las acciones individuales y movimientos disruptivos, que impactan estos dos ámbitos, emplean exhaustivamente la negociación y la conciliación en búsqueda de soluciones, mediante acciones políticas y administrativas.
La jurídico-penal, que atiende la transgresión de la ley y la comisión de delitos, mediante la coordinación de las instancias encargadas de la seguridad pública y la justicia.
Y la comunicación social, que cumple la tarea de mantener puntual y oportunamente informada a la opinión publica de los incidentes que se dan en el proceso.
Nuestra seguridad nacional debe ser garantista, robusteciendo el orden jurídico como forma y modo para la protección del individuo y del estado; nuestra historia reciente nos enseña que un tambaleante Estado de Derecho sumado a gobiernos autoritarios ha sido el escenario perfecto para la persecución política.
La persecución de personas no se justifica como acción de seguridad nacional, bajo el pretexto de lograr con ella la estabilidad y permanencia del Estado mexicano.