Tan sorpresiva fue la captura del general Cienfuegos como su retorno a México. Lo primero fue celebrado por 76% de la población (El Financiero /2/IX/20). Varios porristas, voceros e intelectuales orgánicos de López Obrador lo presentaron como un logro más del combate a la corrupción de AMLO. Éste reaccionó de dos maneras; 1) por un lado tendió a dar por buena la acusación de la DEA hacia Cienfuegos, señalando incluso que quienes con él colaboraron probablemente serían retirados de sus cargos actuales (como se hizo con García Luna). 2) Pero también se mostró molesto de que sus amigos y aliados de Estados Unidos, con cuyo gobierno se había establecido un buen entendimiento, no le hubieran tenido la confianza de avisar con tiempo de la investigación que realizaban sobre el general. Y para no quedar como alguien totalmente ignorado, aclaró que la embajadora en Washington sí le había comunicado dos semanas antes de dicha investigación.
Ambas respuestas cayeron mal a los militares, pues parecía que AMLO reconocía la corrupción en dicha institución y que, sabiendo de la investigación contra Cienfuegos, no les hubiera avisado. Eso puso entredicho la buena relación del Ejército con el presidente. Y es que el obradorismo, que desde la oposición atacaba a los militares de a tiro por viaje (no siempre con fundamento), desde el gobierno lo ha consentido y empoderado como nunca. Con la repatriación del general, se reivindicaría la imagen de México ante la ofensa a nuestra soberanía y se podrían limar asperezas con el Ejército, al menos en muy buena medida.
De las múltiples razones que se manejan para explicar que Estados Unidos cediera, me convencen la que alude a la advertencia de que la cooperación bilateral podría perjudicarse, y que el canciller logró convencer a su homólogo de que en México se generó una fuerte tensión con el Ejército que podría entorpecer al gobierno e incluso poner en riesgo la estabilidad. ¿Cómo incide esto en el combate contra la corrupción, bandera esencial de la "4T"? La solicitud a EUA de permitir la repatriación de Cienfuegos seguramente tiene que ver más con una razón política -la reconciliación con el Ejército- que con una jurídica -aplicar la estricta justicia-. Quienes dentro del obradorismo celebraron la captura del general como parte del esfuerzo del actual gobierno contra la corrupción e impunidad, sostienen que en México se continuará con toda seriedad la investigación iniciada en EUA, y que en su caso se procederá contra el general con todo rigor. Gran ingenuidad.
Según el diario Reforma, 77% cree que Cienfuegos es culpable de lo que se le acusa contra 11% que lo considera inocente, pero 69% considera que será hallado inocente por la justicia mexicana, a la que por lo visto tampoco la mayoría le cree en México. Se cumplirá la formalidad de la investigación y el discurso insistirá en que aquí no se protege a nadie, que se acabó el tiempo de la impunidad, pero Cienfuegos terminará exonerado al margen de la solidez o no de las pruebas disponibles, pues se trata de una decisión política, no jurídica. ¿Qué pasaría si se hace una consulta sobre si procesar o no a Cienfuegos? Mejor ni pensarlo. Imaginemos cómo reaccionarían los militares si, teniendo ahora la gran oportunidad de exonerar al general, el gobierno mexicano lo penalizara. Ni de broma.
Profesor afiliado del CIDE
@JACrespo1