Magistrado demanda a Fiscalía Anticorrupción por 10 mdp
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fue notificada la mañana de este viernes de la demanda interpuesta por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en la que reclama una indemnización de 10 millones 130 mil pesos alegando daño moral.
La propia Fiscalía informó mediante un comunicado que el motivo de la demanda es por la investigación de presuntos actos de corrupción y juicio de desafuero que le sigue el Congreso del Estado.
En este caso, fue el magistrado Héctor Gabriel Trejo Rangel, titular de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, quien admitió la "demanda de reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado", promovida por el Magistrado Presidente del Tribunal, quien alega que la investigación en su contra le ha causado daño personal, incapacidad total y permanente.
Al radicar la demanda, el Magistrado instructor del Tribunal de Justicia Administrativa estableció como medida de suspensión que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se abstenga de informar públicamente el curso que llevan las carpetas de investigación.
Ante esta situación, la Fiscalía reiteró el compromiso de rendir cuentas y transparentar sus actuaciones ante la sociedad, conforme a lo establecido en su propia Ley Orgánica y el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2021.
El titular del Tribunal Superior de Justicia había sido notificado en la última semana de febrero pasado sobre el juicio de procedencia que se sigue para retirarle el fuero, para lo cual se le dio un plazo para comparecer y lo hizo por escrito.
Posteriormente fue desechada por un Juez de Distrito la demanda de amparo que promovió, resolutivo que propició que continuara el procedimiento promovido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ante el Congreso del Estado, instancia encargada de resolver si se inicia un juicio de procedencia para que se pueda ejercer acción penal por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y concusión (exigencia de un pago).