Amparo contra el autoritario del Palacio
Es completamente válido y aceptable que el presidente López Obrador tenga una visión diferente del sector energético respecto a la que tenía Peña Nieto. El mismo Enrique Peña, motivado por una razón similar, emprendió y logró la reforma constitucional en materia energética en el año 2013.
Lo que no es correcto es que, a través de un acuerdo o de una reforma a una ley secundaria como ahora, se pretenda darle la vuelta a lo que dice la Constitución en materia de competencia y del mercado eléctrico. El Presidente sabe mejor que nadie que el momento político que atraviesa actualmente el país le impediría alcanzar una mayoría calificada en la Cámara de Senadores para poder llevar a cabo una reforma constitucional.
Durante los últimos meses el tema más discutido -después de la candidatura a gobernador otorgada por Morena a una persona señalada por violación y delitos sexuales- ha sido la reforma a la Ley Eléctrica mejor conocida como "Ley Combustóleo". Explicado de manera breve, la reforma propuesta por el Presidente sugería cambios que atentaban contra muchos de los elementos positivos que había dejado como resultado la reforma energética de EPN, destacando principalmente el despacho económico de energía, el autoabasto, la compra de energías limpias a particulares -tomando en cuenta que son más baratas-, entre otros. Expertos en la materia señalaban un grave "retroceso" en materia energética en caso de aprobarse la iniciativa presentada por Andrés Manuel.
Hace algunos días, las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, lo que generó en automático que los empresarios particulares afectados por la misma recurrieran al "maravilloso" amparo, además de la suspensión prácticamente inmediata otorgada por los jueces.
La respuesta del Presidente a través de los legisladores de Morena fue presentar una iniciativa que propone una reforma a la ley de amparo para impedir al Poder Judicial proteger a la ciudadanía cuando sea objeto de actos de la autoridad. Lo anterior, de lograrse, podría constituirse como el fin del Estado de derecho y del Estado mexicano como lo conocemos; actualmente vivimos en un Estado donde existe una separación de poderes donde ninguno de ellos puede abusar de los otros. Sin embargo, la propuesta de modificación a la ley de amparo puede materializarse como el camino directo a la dictadura.
El juicio de amparo es un procedimiento judicial que tiende a la protección y preservación de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales; es un juicio inventado en México desde mediados del siglo XIX y es una figura que ha sido reconocida y copiada por muchas democracias. Se constituye como la herramienta principal que tenemos la ciudadanía para defendernos ante un tribunal imparcial en contra de algún abuso cometido por parte del Gobierno.
La suspensión en un juicio de amparo es la instrucción de un juez por medio de la cual se ordena que se paralice la vigencia de una norma general o de una ley y, si se trata de una suspensión provisional, esta paralización se dará hasta que el juez decida si otorga, o no, una suspensión definitiva. Si se decide por la suspensión definitiva, esta tendrá vigencia durante el tiempo que se lleve a cabo un juicio hasta la sentencia final.
Para los diputados de Morena, el interés del Estado es superior al interés de los individuos. Los jueces no deben regirse por la democracia: deben velar por los intereses de una persona afectada frente a la toma de decisiones generada por una mayoría que, en este caso, obedece a una sola persona. ¿Qué pretenden los diputados de Morena al querer reformar la ley de amparo? Que la visión del Gobierno en turno se plasme en la Constitución para que las empresas particulares no puedan ampararse ante lo que, según ellos, beneficia a las empresas productivas del Estado.
López Obrador va perdiendo al finalizar el primer tiempo del partido a pesar de que logró que su iniciativa fuera aprobada y se reformara la ley. Sin embargo, esos cambios atentan directamente contra lo que mandata la Constitución y por eso entraron, como "árbitros" del partido, los jueces. Ahora pretende cambiar las reglas del juego para que los jueces no puedan aplicar el reglamento existente, sino que apliquen un "reglamento" que se ajuste a sus deseos.
Al autoritario que nos gobierna le gana la impotencia del que quiere mandar en todo y no puede. Si usted cree que las elecciones de este año son poca cosa o intrascendentes, se equivoca. Del 2021 depende todo.
@eduardguezh