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Vida pública

La cara pública de una tragedia

VIDA PÚBLICA

La cara pública de una tragedia

La cara pública de una tragedia

JESÚS MENA VÁZQUEZ

Toda tragedia privada tiene una cara pública. Hace varios años escribí esta frase para exigir a las autoridades de procuración de justicia de nuestro estado el esclarecimiento de un homicidio cometido en contra de una persona que conocía. Lamentablemente hoy la vuelvo a utilizar para ilustrar el papel de las autoridades, en otro estado de la república, sobre un caso que ha levantado indignación a nivel nacional; me refiero al lamentable caso del menor duranguense que recientemente falleció en una atracción turística en el estado de Quintana Roo.

El dolor que vivió -y continúa viviendo- la familia del menor que perdió la vida se convierte en indignación colectiva al conocer, en voz de su padre, las presiones de que fue objeto la familia por parte de las autoridades locales de procuración de justicia para otorgar el perdón a una empresa que tiene poder económico importante en ese estado, como moneda de cambio para que les entregaran el cuerpo de su hijo.

Lo anterior habla no solamente de la nula empatía ante el dolor de la familia por parte de las o los funcionarios involucrados, sino también de los enormes intereses económicos que están detrás de la actuación de las autoridades. Los hechos hacen suponer que la empresa en cuestión no quería verse obligada a cerrar sus instalaciones -lo que no sucedió hasta que el caso se hizo viral en redes sociales- con las consecuencias financieras que eso tiene para su negocio, además del intento de librar una demanda por daños derivados de lo que el padre del menor acusa como negligencia por parte de la empresa, no sólo por el fallecimiento de su hijo sino del riesgo que él mismo tuvo de perder la vida al rescatarlo.

La cara pública de esta tragedia, representada por la actuación de las autoridades, amerita una investigación a profundidad del actuar de los funcionarios involucrados y, en caso de que se compruebe su responsabilidad, echar mano de todos los mecanismos de que dispone el propio sistema judicial para sancionarlos, de tal manera que se aplique la ley y se rinda cuentas hacia la ciudadanía y, en particular, a la sociedad duranguense que se encuentra profundamente consternada por el suceso e indignada por la actuación de las autoridades de Quintana Roo.

Esta tragedia, al igual que otras de las que día a día tenemos conocimiento, nos obligan a repensar, y eventualmente rediseñar, el papel de las autoridades de procuración y de impartición de justicia en nuestro país, de tal manera que la sociedad pueda exigir una rendición de cuentas efectiva a sus autoridades en los casos en que se presuma que su actuación no es imparcial y que existen elementos para presumir que existen motivaciones de carácter económico o político que afectan el interés general.

El interés económico de una empresa, por importante que sea, no puede anteponerse al derecho a la vida de una persona, en este caso de un menor de edad. Es por eso el papel de las instituciones de procuración e impartición de justicia debe de equilibrar, a partir de los hechos, la demanda de justicia por parte de las víctimas, con el interés de una empresa que tiene un impacto económico importante para la región, de continuar con sus actividades.

La intervención de las instituciones debe de ser en el sentido de proteger el interés general, en este caso la salud y la vida de quienes deciden contratar los servicios de una empresa privada, instrumentando, -exante-, incentivos fuertes para la auto regulación de las empresas en materia de prevención de accidentes, además de la obligación del nivel que gobierno que corresponda, de llevar a cabo auditorías a profundidad de los procesos de seguridad y mantenimiento de las instalaciones en este tipo de empresas.

Ahora que la pérdida de una vida ya sucedió, las autoridades de ese estado deben velar, por un lado, que una desgracia de esta magnitud no se repita, y por otro, evitar que funcionarios públicos re victimicen a las víctimas al presuntamente obligarlas a llevar a cabo actos que pueden ir en contra de sus derechos.

Twitter: @jesusmenav

Escrito en: Vida pública autoridades, caso, vida, justicia

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