PADRES E HIJOS
Ante el hartazgo de la sociedad por la poca o nula respuesta de las autoridades, desde hace algunos años, muchos hemos sido testigos, generalmente a través de las noticias, de cómo cada vez es más común que los afectados por algún delito tomen la justicia en sus manos y castiguen a los delincuentes (no soy partidario de llamarlos presuntos delincuentes como lo hace la autoridad, sobre todo cuando se les sorprende en flagrancia), principalmente cuando quien comete un delito lo hace con lujo de violencia, premeditación y hasta ventaja.
Creo que en prácticamente todos los estados del país la autoridad ha tomado conocimiento de casos en que las víctimas de los delitos se han defendido con uñas y dientes para no sufrir un menoscabo en su patrimonio, en su integridad física y, sobre todo, cuando está en riesgo la vida de la familia, de ahí que no lo piensan dos veces si pueden someter a los delincuentes en cuanto se presenta la más mínima oportunidad, a pesar del peligro que puede representar el hecho de verse en desventaja si se toma en consideración que los criminales, generalmente, van armados con algún objeto punzocortante, o incluso, una pistola que están dispuestos a usar si observan resistencia por parte de sus potenciales víctimas.
Pero, ¿por qué hemos llegado al extremo de tomar la justicia en nuestras manos? Es una interrogante de no muy difícil respuesta si consideramos que nuestras autoridades judiciales y de Seguridad Pública son de muy lenta reacción o generalmente la forma en que responden a nuestra exigencia de justicia no corresponde al nivel de castigo o sanción que como afectados esperaríamos luego de que hemos visto cómo estuvo en riesgo nuestra integridad física y la de nuestra familia, ya que a la vuelta de algunos días nos percatamos de que el delincuente que atentó contra nuestros intereses ya está libre tras haber pagado una fianza.
De manera lamentable, constatamos cómo nuestro sistema de justicia no es tan estricto, riguroso o duro como desearíamos que fuera contra los delincuentes que una y otra vez roban, violan, lesionan y hasta asesinan a quien se les atraviesa una vez que se fijan el objetivo de ir por un automóvil, de sustraer algunos artículos electrónicos o joyas de un domicilio, o de lastimar a cualquier persona sólo por despojarla de un teléfono celular, de la cartera o de un bolso de mano.
Por ello, algunos ciudadanos, cansados, hartos de observar cómo nuestras leyes no sancionan con dureza y firmeza a ladrones, violadores, asaltantes y asesinos, entre otra clase de delincuentes, han decidido hacerse justicia por mano propia, castigando, incluso, con violencia a quienes no les importa robar y lastimar a la sociedad que sólo busca tranquilidad, paz y armonía para desarrollarse dentro y fuera del hogar, sin el temor de ser agredida una vez que pone un pie fuera de su casa.
También de forma desafortunada, las víctimas de los delincuentes, casi siempre, se salen con la suya, ya que muy pocas personas -contadas, diría yo- están dispuestas a hacerles frente a los violentos ladrones o asaltantes, por lo que los vulnerables e indefensos ciudadanos terminan por ceder a las pretensiones de los agresores y les dan lo que piden a cambio de que se respete su integridad física, que sería el menor de los daños cuando hasta la vida está en un grave riesgo.
Sin embargo, cuando los transgresores de la ley se encuentran con una ciudadana o ciudadano que no están dispuestos a permitir que se les despoje de algún bien material, es cuando les hacen frente y, a costa de su propia vida, se defienden y someten al delincuente, al que en ocasiones golpean con tal saña que, a veces, se suman otros habitantes y la golpiza se convierte en un acto colectivo, producto del hartazgo ante la inefectividad y la falta de respuesta de las autoridades judiciales y de Seguridad Pública.
Desgraciadamente, esos ajusticiamientos sociales terminan en ocasiones con la vida de los delincuentes, debido a que la autoridad llega tarde para detener y contener a la turba ante los ánimos exacerbados luego de ser blanco constante de la comisión de diversos delitos, que pueden ir desde los patrimoniales (robo, asalto), los sexuales (violación) o, incluso, los que atentan contra la vida de las personas (lesiones y homicidio).
¿Por qué la autoridad no ha podido inhibir la justicia por mano propia? La respuesta podría estar en la falta de acción para prevenir esos delitos que más lastiman a la sociedad, de ahí que los habitantes optan por defenderse, con los medios a su alcance, de quien observan un riesgo grave en su integridad física y patrimonial.
¿Se puede hacer algo para acabar con esos ajusticiamientos sociales? En este sentido, es difícil que la población deje de actuar ejerciendo la justicia por su propia mano mientras las autoridades no asuman el rol que les corresponde y el que consiste en prevenir los delitos para que los habitantes, ya sea de forma individual o colectiva, no apliquen los castigos que consideren que merecen aquellos que trastornan su tranquilidad.
No es recomendable tomar la justicia por mano propia, por el riesgo en que ponemos nuestra integridad física; lo más recomendable es no oponer resistencia y entregar lo que nos piden, que no es más valioso que nuestra vida, pues de otra manera llevamos más las de perder. Actuemos, pues, con prudencia.