La aprobación en la Cámara de Diputados de la ampliación de mandato de Arturo Zaldívar, en la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), así como de los plazos de los consejeros de la Judicatura Federal, es violatoria del estado constitucional y establece un alarmante precedente en torno a la temporalidad de los cargos públicos, consideró el Consejo General de la Abogacía Mexicana.
Integrado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados - ANADE- y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, el Consejo afirmó que se trata de una modificación normativa de nivel secundario que contraviene preceptos expresos de nivel constitucional de manera "arbitraria" e "injustificada".
"La aprobación de este artículo transitorio violenta los fundamentos del estado constitucional y democrático de derecho y establece un alarmante precedente en torno a la temporalidad, independencia y legalidad a las que debe sujetarse el ejercicio de los cargos públicos en nuestro sistema de gobierno, y muy particularmente, aquellos que son de especial trascendencia para el Estado mexicano, como es el caso de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura", señaló.
Recordó que, en 2016, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se opuso a las ampliaciones de los encargos de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ciudad de México
Como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, este viernes se publicaron las reformas de "outsourcing" y reparto de utilidades en el Diario Oficial de la Federación.
Luego de que este martes el Senado aprobó la regulación a la subcontratación, con 118 votos a favor y 2 abstenciones, oficialmente la tarde de este viernes entró en vigor la regulación de esta práctica laboral que reforma, deroga o adiciona diversas disposiciones de al menos siete leyes federales.
Así, con el decreto de esta reforma, las empresas ya no podrán subcontratar a trabajadores para realizar labores permanentes, y el "outsourcing" sólo estará permitido para tareas especializadas o temporales, es decir que no formen parte de las labores esenciales.
Se reconocerán las obligaciones fiscales de las empresas y quedará prohibido que el Gobierno Federal subcontrate personal, más que para servicios especializados y siempre que el contratista esté registrado.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el acuerdo que se alcanzó con el sector empresarial y obrero sobre la regulación del "outsourcing" fue producto del diálogo y del acuerdo, con el objetivo de evitar el abuso, establecer reglas claras en este tipo de contratación y que estas no siguieran afectando a los trabajadores. Señaló que también se logró terminar con la ambigüedad, que se garantizarán las prestaciones que por ley corresponden.