Alertan retroceso con ley de FGR

Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el "Colectivo contra la Impunidemia" acusaron que la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), que ayer jueves fue modificada en cinco artículos por la Cámara de Diputados, sigue siendo un retroceso en materia de derechos humanos y también opinaron que por este marco legal el Poder Legislativo claudicó ante el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

En un comunicado de prensa, las organizaciones mostraron su inconformidad con el contenido de la Ley de la FGR que ahora fue enviada al Senado de la República para su discusión. La sociedad civil alegó que, a pesar de que la Cámara de Diputados abrió un espacio para escuchar a organizaciones y familiares de víctimas, al final aprobaron un dictamen con cambios ya pactados con el titular de la fiscalía.

"La aprobación de esta nueva ley de la FGR no solo representa un retroceso en diversos derechos ganados por parte de las víctimas, también significa la claudicación del Poder Legislativo ante el Fiscal Alejandro Gertz Manero", expresaron.

"Durante todo el proceso de discusión legislativa, integrantes del más alto nivel de la FGR estuvieron presentes cabildeando la discusión y asegurando que el voto fuera favorable para aprobar una ley, cuyo proyecto fue elaborado sin participación ciudadana como lo exige el régimen transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía vigente", destacó el "Colectivo contra la Impunidemia".

En total se enumeraron ocho retrocesos en materia de derechos humanos de la Ley de la FGR, aunque podría haber más.

Primero se quitó a las víctimas el derecho de construir una investigación conjunta con la fiscalía y esta dependencia podrá atraer sólo ciertos casos de violaciones a derechos humanos.

También se debilitó la responsabilidad de la FGR en el Sistema Nacional de Búsqueda y en otros mecanismos protectores de derechos humanos, además de minimizar su participación en el Mecanismo de Apoyo Exterior.

Se recortó el Plan de Persecución Penal de 9 a 3 años y se eliminó la participación de la sociedad civil en el mismo. También se marcaron las pautas para que el fiscal general elija a los encargados de fiscalías especializadas sin mostrar su mérito, de forma deliberada y les podrá dar instrucciones de qué se investiga y qué no.

Se mermó la posibilidad de instalar un servicio de carrera basado en el desempeño y experiencia de los fiscales, además de eliminar un modelo para investigar fenómenos macro criminales y desarticular redes delictivas en el país.

Y por último, se reinstaló la Fiscalía en Delincuencia Organizada y las Delegaciones, figuras que han sido cuestionadas fuertemente por su opacidad, ineficacia y corrupción.