La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá en sus manos el futuro y la continuidad del mercado eléctrico mexicano. A ella le toca resolver si la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es o no inconstitucional, señalaron expertos.
El 8 de abril, los senadores de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad por considerar que atenta contra el mercado abierto y por violar derechos a la salud y al medio ambiente.
Posteriormente, el pasado 22 de abril, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), presentó una controversia constitucional ante la Corte por considerar que la reforma atenta contra los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que promueven la libre competencia en la generación y suministro eléctrico.
Iván Alemán, socio de A&S Abogados, explicó que el actuar de la SCJN tendrá un papel protagónico para dar soluciones en la materia y de eso dependerá, en gran medida, del grado de confianza que se mantenga en el país para el tema de inversiones.
"Esa es la importancia del papel de la Suprema Corte de Justicia en estos momentos. Ahora, en los temas jurídicos, como en toda contienda, existen distintos puntos de vista, pero yo sí estoy convencido jurídicamente que es claro que esta reforma a la Ley de la Industria Eléctrica presenta algunos vicios de inconstitucionalidad.
"Sí me parece que en el estudio jurídico y en el balance del análisis ambos medios (acción de inconstitucionalidad y controversia) serán resueltos a favor de quienes los han interpuesto", advirtió Alemán.
Recordó que con la controversia presentada por la Cofece sobre la Política de Confiabilidad de la Sener, la segunda Sala de la Corte declaró inconstitucionales algunos puntos que se retoman en la reforma.
Sin embargo, aún con dicho precedente, implicará un reto alcanzar los ocho votos para que el Pleno emita una declaratoria general de inconstitucionalidad, desde su punto de vista los argumentos de las violaciones inconstitucionales son claros.
Julia González, asociada senior en González Calvillo, dijo que lo único que se tiene es el antecedente de los cuatro ministros que votaron por la inconstitucionalidad de la Política de Confiabilidad y que existen fuertes argumentos en materia de competencia y medio ambiente que serán cruciales para la discusión.
Pablo Zárate de FTI Consulting, explicó que desde que se dio la discusión en el Congreso se tuvieron múltiples alarmas por el potencial de inconstitucionalidad que tenía la reforma, pero que no fueron atendidas por los legisladores con mayoría.