"México está al borde de un período de orfandad constitucional".
Diego Valadés
Lo curioso es que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación era una de esas pocas iniciativas con un respaldo generalizado. El Consejo de la Judicatura Federal participó en la redacción para mejorar los procedimientos de los juzgados y tribunales y combatir la corrupción y el nepotismo. En el Senado votaron a favor varios priistas, a quienes se les ocultó el contenido de un artículo transitorio, introducido de último momento por un senador del Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho. El transitorio no pasó por comisiones, no se permitió a los senadores leerlo, no fue discutido y se votó unos minutos después de introducido.
El transitorio es inconstitucional. Amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar, y de varios consejeros de la Judicatura. Viola el artículo 97 de la Constitución que establece que, "cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior". Transgrede también el artículo 100, que señala que, con excepción del presidente, los consejeros de la Judicatura Federal "durarán cinco años en su cargo" y "no podrán ser nombrados para un nuevo período".
Todo apunta a que la instrucción de introducir el transitorio provino del propio presidente López Obrador, quien lo ha defendido y ha señalado que no piensa que sea inconstitucional. El Consejo de la Judicatura se deslindó de él y afirmó que no lo había promovido, pero el presidente declaró: "No se nos va a volver a presentar una oportunidad así. Si no se amplía el período, quien llegue va a ser más de lo mismo, más de lo anterior, más de lo que significaba el antiguo régimen".
Una veintena de legisladores de Morena, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo y Lorena Villavicencio, rechazaron el transitorio. Sin embargo, la mayoría de la 4T, nutrida por la sobrerrepresentación, también inconstitucional, que obtuvo en 2018, aprobó la ley en lo particular este 23 de abril, con todo y transitorio, por 262 votos contra 182 y siete abstenciones. Solo después de la votación expresó su posición el ministro presidente Zaldívar, pero fue ambiguo: "Ejerceré el cargo de Presidente de la SCJN y del CJF para el que fui electo por mis pares y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión". No es la contundencia del ministro que declaró como un "fraude a la Constitución" el intento del gobernador de Baja California Jaime Bonilla de ampliar su mandato.
El ministro Zaldívar añadió: "Seguiré defendiendo la independencia y la autonomía" del Poder Judicial de la Federación. Pero permitir que se amplíe inconstitucionalmente su mandato, solo porque el presidente de la república lo considera sumiso a sus propuestas, es exactamente lo contrario de lo que necesita una corte independiente y autónoma.
Es cierto que la Constitución tiene muchos problemas. Es una carta magna parchada, extensa, desprolija, contradictoria, que se mete en detalles que solo deberían tener las leyes secundarias. Sin embargo, nos permite vivir en un país de leyes. "Votar a sabiendas a favor de una medida inconstitucional es pasar a otra dimensión: la anticonstitucionalidad --escribió en Twitter el jurista Diego Valadés--. Es la decisión consciente y expresa de oponerse a la Constitución". Que lo haga el Congreso, ante la presión de un presidente con aspiraciones de poder absoluto, nos deja a los mexicanos, efectivamente, en la "orfandad constitucional".
Racistas
De por sí es racista tener cuotas para candidatos indígenas, más todavía cuando el Tribunal Electoral confirmó la nominación de una prima del presidente de la república, Manuela del Carmen Obrador Narváez, como candidata indígena cuando no lo es.