Acusan abusos en Venezuela
Human Rights Watch (HRW) entregó este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) y a Naciones Unidas información sobre "abusos aberrantes" supuestamente cometidos por el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.
En una entrevista con Efe, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, explicó que toda la información que ha recopilado la ONG ya está en manos de la Fiscalía de la CPI y de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, creada por la ONU en 2019.
En concreto, la organización ha entregado a esos dos órganos internacionales un informe en el que documenta la ejecución extrajudicial de al menos cuatro campesinos de Apure, torturas, 13 detenciones arbitrarias y el procesamiento ante tribunales militares venezolanos de civiles a los que se les acusa de colaborar con grupos armados.
"El análisis de lo acontecido en Apure nos lleva a la conclusión de que estos hechos son parte un patrón de conducta abusiva de las fuerzas de seguridad de Maduro. Esto no es distinto", afirmó Vivanco.
HRW enmarcó las acusaciones del informe en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el Gobierno de Maduro contra "grupos irregulares" en el estado de Apure.
Pide análisis
Debido a la supuesta implicación de las fuerzas de seguridad venezolanas, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, considera "imprescindible" que la Fiscalía de la CPI y la misión de la ONU examinen la posible responsabilidad de comandantes y autoridades que podrían haber ordenado esos abusos.
También se debe identificar a quienes por su posición en la jerarquía militar o civil tenían el poder de haber prevenido esos abusos y no hicieron nada para evitarlos, añadió Vivanco. El año pasado, la misión de la ONU presentó un informe en el que acusó al Gobierno de Maduro de haber cometido crímenes de lesa humanidad, mientras que la Fiscalía de la CPI se mostró un poco más cautelosa y se limitó a decir que hay "fundamentos razonables" sobre la comisión de este tipo de delitos.