Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que sus sistemas para identificar, monitorear y mitigar actividades fraudulentas, corrupción o cohecho pueden no ser efectivos en la prevención de actos intencionales, imprudentes o negligentes que puedan cometer funcionarios, empleados, contratistas o cualquier persona que haga negocios con la firma.
La petrolera señaló que, aunque está sujeta a leyes nacionales e internacionales contra la corrupción y el lavado de dinero, y pese a que tiene políticas y procesos destinados a cumplir con esas leyes, "enfrenta el riesgo de que sus empleados, contratistas o cualquier persona que haga negocio en la industria petrolera estatal, pueda eludir los controles y procedimientos internos o malversar o manipular activos de la empresa para su beneficio personal o de negocio en detrimento de la entidad y del país". En su reporte sobre su situación financiera al primer trimestre de 2021, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, advirtió que este riesgo "se ve agravado por el hecho de que se tiene una gran cantidad de contratos complejos y valiosos con terceros nacionales o extranjeros".
En su portal público de contratos, Pemex tiene actualmente 10 mil 503 registros de contratación en todas sus líneas de negocio. Este año, a través de inversión presupuestal, Pemex realizará una derrama económica entre proveedores y contratistas del orden de 352 mil 600 millones de pesos, de los cuales, 82.2% se destinará al área de Exploración y Producción y otro 16% a refinación (incluyendo a Dos Bocas).
Pemex alertó que cualquier incumplimiento -real o percibido- por parte de funcionarios o empleados de la empresa, contratistas o cualquier otro, para cumplir con las obligaciones regulatorias, podría no sólo dañar la reputación de la firma, sino que limitaría su capacidad para obtener financiamiento, contratos, asignaciones, permisos y otras autorizaciones gubernamentales necesarias para participar en el sector energético, y tendría un efecto material adverso en el negocio, situación financiera y resultados de operación".
Dijo que "cualquier investigación sobre posibles violaciones a las leyes aplicables contra la corrupción, el cohecho y el lavado de dinero por parte de las autoridades gubernamentales en México o en otras jurisdicciones podría afectar la capacidad de la entidad como negocio". De la empresa han surgido escándalos de corrupción como el caso del Pemexgate, sobornos de Odebrecht, la venta irregular de Fertinal y la compra de Agronitrogenados, entre otros.
La administración de Pemex también planteó que el control del gobierno federal limita la capacidad de la empresa. Citó que las autoridades gubernamentales han venido realizando ajustes al presupuesto anual de la petrolera, lo que puede afectar la capacidad de Pemex para cumplir obligaciones y metas operativas comprometidas.