Desacatan medidas sobre caso Atenco
El Gobierno mexicano no ha acatado siete de nueve medidas dictadas, hace más de dos años, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el caso Atenco, señalaron las víctimas y sus abogados en Ciudad de México.
Recordaron que el plazo otorgado por la CorteIDH para el cumplimiento de la mayoría de las medidas "era de máximo dos años", por lo que a la fecha este plazo ha finalizado con únicamente dos medidas concluidas de las nueve ordenadas, "dejando al resto en alarmante incumplimiento".
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a las víctimas, indicó que a 15 años de las violaciones a derechos humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, "no existe ninguna sentencia condenatoria en el ámbito nacional".
Esto, aún y cuando la CorteIDH estableció la responsabilidad internacional de México sobre estos hechos.
Recordaron que esas violaciones implicaron represión, detenciones arbitrarias y uso generalizado de la tortura -incluida la tortura sexual contra mujeres- a manos de fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales.
El 21 de diciembre de 2018 la CorteIDH notificó al Gobierno mexicano de una sentencia en la que responsabiliza al Estado de graves violaciones a derechos humanos y le ordenó una investigación exhaustiva con perspectiva de género.
El comunicado señaló que si bien el Estado mexicano inicialmente expresó "su compromiso de garantizar la reparación, la justicia y la no repetición (...) las mujeres sobrevivientes han expresado su más profunda preocupación ante el estado de incumplimiento que guardan las medidas del fallo interamericano".
Entre las medidas no acatadas están la no repetición, la creación de un observatorio independiente de monitoreo de uso de la fuerza, el fortalecimiento del mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual contra mujeres.
Además, la Fiscalía del Estado de México no ha remitido la investigación abierta contra policías estatales, a la FGR que desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, incluyendo los tres niveles de responsabilidad.