El desafío

Apenas la semana pasada escribí acerca del peligro que representa para nuestra democracia, todavía en construcción, las acciones del crimen organizado en los procesos electorales. La influencia del crimen organizado no es solamente financiera, financiando a algunos candidatos, con lo que la equidad en la contienda electoral se vuelve solamente una buena intención y es la semilla envenenada para que el crimen organizado demande beneficios si el candidato que financió es el ganador de la contienda.

Además, durante los últimos años los diferentes cárteles del crimen organizado han venido haciendo incursiones en los procesos electorales al amenazar o incluso asesinar a los candidatos que perciben como enemigos y estas acciones representan una amenaza tal vez aún más grave para los procesos electorales -presentes y futuros- y para la construcción del entramado institucional que soporta la democracia representativa en nuestro país.

El lamentable asesinato de Abel Murrieta, a plena luz del día y mientras hacía campaña, candidato a la alcaldía de Cajeme en Sonora, un abogado que se desempeñó como procurador de justicia de ese estado hace algunos años y que recientemente apoyó como abogado a los LeBaron con motivo de la masacre que sufrieron en noviembre de 2019.

El artero crimen de este candidato muestra el impacto que puede tener el crimen organizado en un proceso electoral municipal. No tengo datos para decir si la campaña de Abel Murrieta estaba teniendo eco entre los ciudadanos de Cajeme o si se encontraba arriba en las preferencias electorales, lo que es un hecho es que después de este suceso los demás candidatos y la o el candidato que eventualmente sea electo el 6 de junio en ese municipio, tendrán que lidiar con una rama del crimen organizado que no teme a los costos asociados que conlleva el asesinato de figuras políticas.

Este tipo de acciones por parte del crimen organizado tiene que parar y eso solamente sucederá si existe la voluntad por parte de los tres niveles de gobierno y de las instituciones del estado mexicano asociadas a los tres poderes de la unión. El asesinato de candidatas y candidatos a puestos de elección popular tiene un profundo impacto en los procesos electorales de los municipios en donde suceden estos hechos y, además, en futuras elecciones, ya que limita, por temor a la violencia, la participación de las y los ciudadanos que estiman tienen las capacidades para prestar un servicio público desde un puesto de elección popular.

La violencia política, la que tiene su origen en la actividad política de candidatas, candidatos u otros actores sociales que juegan un rol en los procesos electorales que determinan el acceso al poder público, es un desafío al estado y a sus instituciones que no puede demeritarse o normalizarse.

Detrás de estas acciones existe toda una serie de implicaciones cruciales para nuestra todavía frágil construcción democrática, dejar crecer aún más el desafío que representan estos grupos criminales sería un error que no podemos permitirnos como país.

Twitter: @jesusmenav