Por lo menos habrá que decir que la resolución del ministro de la Suprema Corte Juan Luis González Alcántara, en la que descartó por notoriamente improcedente una controversia del Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ha generado confusión.
Que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya declarado que "la Suprema Corte ya resolvió que no hay fuero constitucional y es la Fiscalía la que va a actuar" podría explicarse, quizá, por su falta de conocimiento jurídico. Sería el mismo caso de los líderes de Morena y los funcionarios del gobierno que quieren quedar bien con el presidente. Pero también la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue durante décadas ministra de la Corte, dijo que en su opinión "el gobernador no tiene fuero", aunque añadió que "hay un vacío legal para interpretación".
Todas estas suposiciones, sin embargo, cayeron por tierra cuando la propia Fiscalía General de la República presentó ante la Corte un recurso de reclamación contra la resolución del ministro González Alcántara. El propio fiscal general, Alejandro Gertz Manero, o sus especialistas, están convencidos que la resolución del ministro, como él mismo explicó, mantiene el fuero hasta el término del mandato del gobernador en 2022.
En principio no debería ser un problema que la orden de aprehensión se gire el año que viene y no ahora, si lo que se busca realmente es hacer justicia, pero es claro que el gobierno de la república y Morena quieren usar la acusación contra García Cabeza de Vaca como un arma política en esta campaña electoral. Por eso no es aceptable para ellos esperar tanto tiempo.
La impugnación promovida por la FGR obligará a la Suprema Corte a examinar nuevamente el caso. Sería bueno, de hecho, que, al contrario de lo que hizo el ministro González Alcántara, se aceptara la controversia y se estudiara el fondo del asunto. El artículo 111 de la Constitución parece tener una contradicción interna. Por una parte, señala que las decisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores en juicios políticos "son inatacables"; pero, por la otra, apunta que "en el caso de los ejecutivos de las entidades federativas. la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en el ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponde".
El doctor Francisco Burgoa, abogado constitucionalista de la UNAM, me dice que no hay contradicción, que las decisiones de las cámaras de la Unión son inatacables en los casos de los funcionarios federales, pero no en los de funcionarios estatales. Señala que la distinción quedó expresada en la exposición de motivos de la enmienda al artículo 111 en 1982. Pero es significativo que una exministra, como la doctora Sánchez Cordero, pueda estar confundida. Por eso pienso que sería importante una aclaración de la propia Corte.
La impugnación de la FGR, sin embargo, no solo demuestra que el gobernador de Tamaulipas sigue teniendo fuero, sino que sugiere que la acusación en su contra tiene mucho o quizá todo de político. Hay prisa por juzgar a un gobernador panista por un delito que, en todo caso, parece ser menor y surgir de la venta de un apartamento. No conozco los detalles del caso y no sé si García Cabeza de Vaca es culpable o inocente, pero el énfasis en acelerar la acusación parece tener como propósito influir en los resultados de las elecciones de este 6 de junio.
BOURS La renuncia de Ricardo Bours a seguir pidiendo el voto de los ciudadanos de Sonora para su candidatura de Movimiento Ciudadano puede resultar crucial. La intención de voto por Bours, quien es especialmente fuerte en el sur del estado, era la diferencia entre el respaldo a Alfonso Durazo de Morena y Ernesto Gándara del PRI, el PAN y el PRD.
Twitter: @SergioSarmiento
"La buena legislación debe traer claridad no confusión".
Bill Haslam