Esclavitud en el México del siglo XXI
En esta época de campañas, cuando los partidos políticos y sus candidatos hacen propuestas para que el voto popular los favorezca, muchas de éstas promesas de campaña están relacionadas con el aumento del bienestar de la población.
En una democracia consolidada, las propuestas de los candidatos tendrían que estar relacionadas con el rol del gobierno como facilitador para que los distintos actores sociales sean los encargados de la creación de riqueza, y una vez creada, poder redistribuirla a los más vulnerables vía contribuciones. En estas democracias el tema de la obligatoriedad del estado para garantizar los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos es algo que se entiende fuera de toda discusión.
Lamentablemente en el México del siglo XXI todavía existen situaciones que nos hacen dudar que los derechos humanos más elementales son protegidos por el estado. Hace unos días, un periódico de circulación nacional publicó una nota en donde se denuncia una flagrante violación a los derechos humanos más elementales, conocida desde hace mucho tiempo y amparada en los usos y costumbres de las comunidades indígenas de Guerrero y que, lamentablemente, el estado ha sido incapaz de erradicar: el matrimonio forzado de niñas a las que se les pone un precio, monetario o en especie, y son "vendidas" por sus familias a quien pague el precio pactado, lo que recuerda las prácticas con que eran vendidos los esclavos hace siglos.
A la hora de delinear acciones de política pública para combatir la desigualdad y la vulnerabilidad de los distintos grupos sociales, lo primero que se tienen que hacer es elevar el bienestar de aquellos ciudadanos que tienen el mayor grado de vulnerabilidad.
En el México del siglo XXI, la defensa de derechos humanos puede entenderse como garantizar los derechos sociales que están consagrados en nuestra Constitución, como la educación o la salud, sin embargo, este tipo de denuncias nos recuerdan que es necesario dar un paso atrás para reconocer que derechos humanos más elementales todavía no son completamente protegidos por el estado.
Estas niñas se encuentran en total estado de indefensión ante las acciones que llevan a cabo sus familias, que cosifican a una menor de edad y la obligan a tener un matrimonio forzado, con lo que sus posibilidades de elegir un camino de vida propio desaparecen al estar sometida a los designios y deseos de quién "pagó" por ella.
Estas acciones nos hacen pensar que la protección a derechos humanos, entendidos como el principal objetivo de nuestra Constitución y que en el papel permiten que cada quién pueda escoger el tipo de vida que le parezca más conveniente, sean letra muerta ya que la obligación de las instituciones del estado para defender los derechos humanos no se ejecuta en la práctica.
Este tipo de situaciones, lamentables desde cualquier óptica y que representan violaciones flagrantes a los derechos humanos más básicos tienen que estar dentro de las prioridades de los candidatos en esta campaña electoral. Recordemos que no solamente hablamos de garantizar derechos humanos elementales a las niñas indígenas de Guerrero para evitar que sean víctimas de matrimonios forzados, sino de garantizar que las y los niños indígenas de todo el país puedan tener opciones para escoger el tipo de vida que consideren adecuado.
Twitter: @jesusmenav