Convenio para declaraciones patrimoniales causa oposición
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó con oposición la celebración de un convenio con la Secretaría de Contraloría, para el uso de su plataforma para publicar las declaraciones patrimoniales del personal de dicho organismo.
Durante la sesión celebrada la tarde de este viernes, la consejera electoral Laura Fabiola Bringas consideró que el uso de la plataforma de la Contraloría pondría en riesgo la autonomía del IEPC, pues éste debió crear su propio sistema para albergar dichas declaraciones patrimoniales y de intereses del personal que labora en el Instituto.
Añadió que desde el año 2016 la Ley General de Responsabilidades Administrativas había advertido que el plazo límite para que todo servidor público, incluyendo por ejemplo al sector magisterial, presentara sus declaraciones a más tardar el día 31 de mayo del 2021.
Es decir, consideró que el órgano interno de control del IEPC tuvo cinco años para crear la plataforma para albergar esas declaraciones pero no lo hizo; pero fue clara al señalar que no se oponía a declarar su patrimonio ni sus intereses, sino a que se hiciera a través del sistema de una Secretaría del Gobierno del Estado.
Por su parte, los consejeros electorales Omar Ortega Soria y Cristina Campos puntualizaron que diversas áreas del IEPC intentaron crear dicho sistema, al grado de que hubo algunos trabajadores que sí lograron cargar sus declaraciones en esa plataforma; sin embargo, en determinado momento presentó fallas y no funcionó.
La propuesta fue sometida a votación del Consejo General y terminó por ser aprobada por mayoría de los presentes, con un voto en contra. Cabe señalar que durante la discusión de este asunto no estuvo presente el consejero electoral David Alonso Arámbula Quiñones
Tras esto, se autorizó la suscripción del convenio de colaboración con la Contraloría del Gobierno del Estado, para el uso del sistema electrónico denominado DECLARADURANGO, con la finalidad de cumplir con esta instrucción derivada de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.