La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que en el proceso legislativo que dio origen a la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango, no se cometieron violaciones de carácter invalidante.
Por unanimidad, los ministros desestimaron las presunciones al respecto hechas valer por diputados de la LXVII Legislatura del Estado (2016-2018), mediante la Acción de Inconstitucionalidad 104/2017.
Sobre el tema, Héctor García Rodríguez, fiscal Especializado, explicó que durante la última sesión celebrada por la Suprema Corte se confirmó la validez de la legislación que regula la estructura orgánica y funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango y la certeza jurídica a sus actuaciones.
No obstante, el pleno de la SCJN consideró inconstitucional e invalidó la porción normativa del segundo párrafo del artículo 8 de la ley reglamentaria, que se refiere al procedimiento para nombrar al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, pues constituye una transgresión a los artículos 82 y 102 de la Constitución Política de Durango que establecen la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo en dicho nombramiento.
El pleno dejó pendiente resolver sobre la posible inconstitucionalidad parcial del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada, específicamente en la forma de suplir al Fiscal en caso de una ausencia.