Corte quita al Congreso atribución sobre Fiscalía Anticorrupción

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le quitó al Congreso del Estado la facultad de designar a un Fiscal Anticorrupción interino, para el caso de las ausencias superiores a seis meses; además, el Legislativo deberá reformar para eliminar esa atribución.

Durante la sesión del pleno de la Corte celebrada este lunes, el ministro Luis María Aguilar Morales se pronunció por la invalidez parcial del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, en la parte relativa al mecanismo mediante el cual se deben cubrir las ausencias temporales de menos de seis meses del Fiscal anticorrupción.

Este razonamiento fue emitido toda vez que el pasado viernes el Ministro no estuvo presente cuando la Suprema Corte discutió este asunto, por lo que se acordó postergar el tema hasta que estuviera presente para pudiera existir unanimidad en la votación.

Al razonar su voto, el ministro Aguilar Morales expuso que el ordenamiento impugnado es violatorio al principio de seguridad jurídica, toda vez que la LXVII Legislatura local (2016-2018) hizo propia y exclusiva una facultad que la Constitución de Durango atribuye en forma concurrente al titular del poder Ejecutivo, con el poder para el Congreso del Estado únicamente de ratificar las propuestas.

La resolución de la SCJN sobre la acción de inconstitucionalidad 104/2017 surtirá efectos a partir de que sea notificada al Congreso del Estado, quien deberá reformar únicamente en lo conducente los artículos 8 y 39 de la citada Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango.

Cabe señalar que inicialmente, el pleno de la SCJN determinó que en el proceso legislativo que dio origen a la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada no se cometieron violaciones de carácter invalidante, desestimando las presunciones al respecto hechas valer por diputados de la LXVII Legislatura.

Es decir, confirmó plenamente la validez de la ley que regula la estructura orgánica y funcionamiento de la Fiscalía anticorrupción en el estado de Durango y la certeza jurídica a sus actuaciones.