Sigue sobrepoblado el Cereso número 1
Con una calificación estatal promedio de 6.62, de sus Centros de Reinserción Social, Durango se ubica en el color amarillo en la escala de evaluación (rojo-amarillo-verde) del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Con base en el informe cuyos resultados se dieron a conocer el pasado lunes, Durango tiene una población penitenciaria de tres mil 780 personas en sus Ceresos, ubicándose en el grupo B, de seis grupos.
Las principales observaciones estuvieron en el Cereso No. 1, el cual tiene una capacidad de mil 850 hombres y 157 mujeres, pero registra una población de tres mil 223 hombres y 238 mujeres.
Entre los aspectos en los que la CNDH consideró que es importante prestar atención, se encuentra la deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento, falta de prevención de violaciones a Derechos Humanos y de atención en caso de detección, hacinamiento, sobrepoblación y falta de supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular.
Se detectaron deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a personas privadas de la libertad, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores e insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias.
En cuanto a las condiciones de gobernabilidad, la CNDH detectó deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, falta de capacitación e insuficiencia del personal, presencia de actividades ilícitas y presencia de cobros (extorsión y sobornos).
Además, existe una deficiente separación entre procesados y sentenciados y una inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.
En el rubro de grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas, se detectó una deficiente atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas y una deficiencia en la atención a personas con discapacidad.
En contraste, se observó una apropiada atención en las condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica y de los talleres y/o áreas deportivas, así como una adecuada normatividad que rige al centro, integración y funcionamiento del Comité Técnico para la reinserción social de las personas privadas de la libertad y atención a personas indígenas.