Durango, con graves problemas de cultura vial

A partir del mes de enero del 2022, en el estado de Durango será obligatorio para todos los vehículos automotores, ya sean nacionales o extranjeros (mejor conocidos como "chocolatos"), contar con un seguro de daños a terceros.

Esta semana se dio a conocer la Ley de Protección a Víctimas de Accidentes Viales, con la cual los 39 municipios deberán reformar sus reglamentos de Tránsito para establecer la obligatoriedad de la contratación del seguro de daños a terceros, así como las respectivas multas para quien incumpla con la medida.

Sabemos de sobra que en Durango tenemos un serio problema de cultura vial. Los choques, volcaduras, atropellamientos, son el "pan nuestro de cada día". La mayor parte de estos siniestros son el resultado de infracciones al reglamento de vialidad: exceso de velocidad, pasarse la luz roja o ámbar de los semáforos, ir hablando por teléfono o, peor aún, escribiendo mensajes o viendo las redes sociales, no usar correctamente las direccionales o las intermitentes, la invasión de carril, conducir bajo el influjo de bebidas alcohólicas. Raras veces el accidente se origina por una falla mecánica.

La situación es tal, que Durango ocupa el tercer lugar en muerte de víctimas de accidentes vehiculares, según los datos de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), cuyo presidente, Alejando Sobera Biotegui, se mostró sorprendido por estos datos, pues no tenemos grandes infraestructuras viales ni mucha población como en otras urbes de mayor extensión.

De cada 10 carros, solo 2 cuentan con un seguro de daños. Esto en parte es también por la baja cultura vial, pero, sobre todo, por la condición económica que prevalece. Contratar esta protección implica un gasto adicional que muchos no están dispuestos a solventar al considerar que es "tirar el dinero" o simplemente no pueden hacerlo.

Enfrentar los gastos derivados de un accidente automovilístico puede dejar en quiebra a una familia; la gente por lo general opta por endeudarse o vender su poco patrimonio para atender los daños materiales o de salud generados por el percance, en especial si es la parte responsable.

De manera que los cambios legislativos son positivos y más vale que como ciudadanos nos vayamos preparando con los ahorros para pagar el seguro, en especial si en la casa hay más de dos unidades.

Pero sobre todo, es necesario reforzar la campaña para lograr una mayor cultura vial, que es el problema raíz. El objetivo es reducir la incidencia de accidentes y decesos. ¿Qué debemos hacer para lograrlo?

PUNTO Y APARTE.- Luego del reportaje publicado por el New York Times respecto a que el desplome de un tren de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, obedeció a fallas de construcción de origen, de nueva cuenta, el nombre de Marcelo Ebrard sale a relucir.

Ya algunos especialistas mexicanos en la materia habían dicho que esta tragedia en donde murieron 26 personas fue el resultado de una mala construcción, específicamente en los pernos metálicos que servían como base para toda la estructura, pues al parecer se soldaron incorrectamente. Ahora, luego de la intensa investigación del New York Times, se reafirma que la obra que corrió a cargo de la empresa de Carlos Slim, Grupo Carso, es un cúmulo de errores técnicos que nadie evitó ni corrigió a tiempo.

En su momento, a Ebrard le urgía entregar la obra antes de concluir su mandato como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y esto, por supuesto, incidió directamente en la calidad de la obra, pero él no es el único que debería responder por este homicidio culposo. También Miguel Mancera y la propia Claudia Sheinbaum tienen su parte de negligencia. ¿Qué acaso no supervisaban? ¿Qué acaso nunca se asesoraron o contrataron a profesionales técnicos para verificar las fallas que sabían existían? ¿Y qué hay de la empresa responsable de la construcción? ¿Puede seguir siendo contratada para hacer nuevos proyectos como si nada? Es más, actualmente construye parte del Tren Maya.

En este caso, la negligencia unida a la ambición política ha costado la vida de 26 personas además de las secuelas físicas y emocionales en las víctimas que sobrevivieron, así como a sus familias. Ojalá no se nos olvide esto cuando otra vez pidan el voto para saltar a otro cargo porque, por desgracia, ninguno de ellos recibirá una sanción legal alguna o inhabilitación por esta indolencia. Es más, ni siquiera les remuerde la conciencia.

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