Cuestionan legitimidad del próximo Gobierno
El fujimorismo y sus aliados, entre ellos la líder derechista Lourdes Flores, aseguraron que la legitimidad del próximo Gobierno peruano estará en duda si es que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no acepta revisar todos sus pedidos de nulidad de actas de las elecciones presidenciales del pasado 6 de junio.
Tanto la candidata Keiko Fujimori, como Flores y otros miembros de su equipo, reiteraron este jueves en una rueda de prensa que el JNE debe atender sus exigencias de que se amplíe el plazo de recepción de sus cientos de pedidos de revisión y anulación de actas del balotaje que disputó con el izquierdista Pedro Castillo.
"No hacerlo es condenar a la falta de legitimidad, a la ilegitimidad, al siguiente Gobierno", remarcó Flores antes de decir que está segura de que Fujimori "ha ganado en las mesas electorales".
Fujimori agregó, por su parte, que buscan "saber la verdad" y que ese es el llamado que hacen "respetuosamente a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones".
El JNE ha señalado que solo proclamará los resultados de la segunda vuelta presidencial cuando haya resuelto todas las actas observadas y los pedidos de nulidad, que se pudieron presentar legalmente hasta las 20.00 horas del pasado miércoles 9 de junio.
Sin embargo, durante la rueda de prensa, Flores argumentó que el propio JNE ha admitido que amplió ese plazo hasta el pasado viernes 11 de junio, aunque luego anuló esa decisión.
En consecuencia, para Flores, sí debería aceptar todos los pedidos de nulidad presentados que, según fuentes del fujimorismo, implican unos 250 mil votos.
Flores, quien ha sido candidata presidencial en dos ocasiones por el Partido Popular Cristiano (PPC), sostuvo que el JNE ha publicado las resoluciones de ampliación y derogatoria de esa medida, con lo que ha admitido que hubo extensión en el plazo.
El JNE ha informado que el acuerdo para ampliar el periodo de recepción de impugnaciones, que se tomó el viernes a pedido del fujimorismo, fue derogado pocas horas después porque contradecía una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).