Acusa a funcionarios en Lerdo de tráfico de influencias

A sus 75 años de edad, doña Elvira Reyes Iza se ha enfrentado desde enero de este año al aparato gubernamental del Municipio de Lerdo que ha obrado con múltiples irregularidades y de forma parcial a favor de un particular de nombre Salvador, que se niega a devolverle su propiedad y que presumiendo el cobijo de funcionarios municipales incluso le exige mucho dinero a cambio.

El tráfico de influencias es un delito establecido en el Código Penal de Durango y consiste en la utilización de las relaciones privadas para tratar de influir en aspectos de gobierno (y empresas) logrando así un trato preferencial sobre el resto, ya sea para uno mismo o a favor de una tercera persona.

El juez municipal, Óscar Facio Félix; el director jurídico del Ayuntamiento, Leonardo Anton Moreno López; el contralor municipal, José Alonso Villalobos de la Cruz; el titular de Ejecución Fiscal, Francisco J. Muñoz Díaz; y el secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara Pérez; son los funcionarios que están directamente vinculados con el caso y que de acuerdo con la afectada no han actuado conforme a derecho pese a que son abogados y están al frente de áreas del Ayuntamiento que debieran garantizar que la justicia municipal se preste a los ciudadanos de manera profesional, expedita e imparcial como dictan los ordenamientos municipales y las leyes estatales respecto de este tipo de dependencias municipales.

LOS HECHOS

La señora Elvira Reyes Iza solicitó a través de un oficio con fecha del 26 de febrero de 2021 al alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, la clausura del negocio de autolavado "Nonoalco" en su calidad de dueña del usufructo vitalicio de esta finca ubicada en avenida Matamoros #162, puesto que ella no autoriza este negocio, por lo cual no tenía licencia de funcionamiento pues es indispensable la aprobación de los dueños de la propiedad, en este caso de ella. Al tiempo que lo hizo, llevó la documentación necesaria que la acredita como propietaria como su escritura, pago de prediales al día, planos catastrales, entre otros documentos. Incluso, el 1 de marzo el Departamento de Ejecución Fiscal del Ayuntamiento verificó que dicho negocio opera desde hace muchos años sin licencia y sin otros permisos, además el encargado se negó a recibir la notificación (lo cual consta en un documento en poder de El Siglo de Torreón) Atípicamente el negocio de autolavado no fue clausurado.

LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO

Doña Elvira no recibió una notificación por escrito de su petición. La respuesta vendría días después con acciones concretas de los funcionarios municipales quienes en lugar de clausurar el lugar y atender la petición, asegura que gracias a su relación de amistad, pusieron sobreaviso al señor Salvador, quien el 31 de marzo mandó pagar a la tesorería municipal las licencias de funcionamiento del 2017 a 2021, sin ninguna traba conforme consta en un único recibo de pago (N° 91609) por una cantidad simbólica de 2 mil pesos por todos esos años y sin cumplir con ninguno de los requisitos para el otorgamiento de dicha licencia como: el documento donde acredite legítimamente la propiedad, el documento donde acredite la posesión del inmueble, el recibo de pago del predial, el recibo del agua que nunca ha tenido, siendo un autolavado, entre otros.

LA NEGLIGENCIA

Doña Elvira ha mandado 15 oficios (todos recibidos oficialmente), dirigidos al presidente municipal, Homero Martínez Cabrera; a la Secretaría Técnica; al Juzgado Municipal; a la tesorería; a la dirección Jurídica Municipal; Plazas y Mercados; a la contraloría municipal; al Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE); a la contraloría municipal; y Medio Ambiente. No fueron atendidos siendo que por ley están obligadas las instancias a contestar a los ciudadanos.

En el Ayuntamiento de Lerdo no se ha actuado en contra del denunciado de nombre Salvador, conocido como "Chavita", quien fue ministro del Santuario de Guadalupe "El Cerrito" de San Isidro hasta que, por señalamientos de malas prácticas en su contra fue retirado del ministerio por el obispo de la Diócesis de Gómez Palacio, monseñor Jorge Estrada Solórzano. Doña Elvira ha apoyado por más de 40 años al convento de Las Carmelitas así como a muchas otras instituciones y asociaciones que tienen como fin el bien común por lo cual es conocida en la sociedad lagunera.

SIN ACTUAR

El juez municipal, Óscar Facio; el director jurídico, Anton Moreno; el contralor, José Villalobos; el titular de Ejecución Fiscal, Francisco Muñoz; y el secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara Pérez; forman parte de la asociación civil "Colegio Asociación Metropolitana de Abogados de La Laguna".

Gerardo Lara tiene una estrecha relación con Salvador gracias a que este último ha llegado a ser activista del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y porque una de sus hijas llamada Myrna ocupa el cargo de conciliadora y es responsable del Centro de Conciliación Laboral de Gómez Palacio que se ubica dentro de en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), misma que depende del Gobierno del Estado de Durango, cuyo cargo, asegura el propio personal de la JLCyA, fue gestionado por Lara a través de la asociación metropolitana de abogados.

Adicionalmente, de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango (artículos 100, 102, 103 y 104), el juzgado municipal debe imponer las sanciones correspondientes mediante un procedimiento breve y simplificado. Al juez municipal le corresponde resolver sobre la responsabilidad y ejercer funciones conciliatorias, cuando los interesados lo soliciten, referentes a la reparación de daños y perjuicios ocasionados, o bien, dejar a salvo los derechos del ofendido siempre de manera imparcial, sin embargo en la práctica las pruebas documentales indican lo contrario. En contraparte, el Juzgado Municipal evitó notificar de forma pronta, evitó dar a conocer resoluciones tomadas con semanas de antelación, entretuvo expedientes y obstaculizó la justicia, presionando incluso a organismos descentralizados como el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) para que, sin que "Chavita" tenga una cuenta en el sistema, siendo un negocio y sin que nadie viva ahí, pudiera contar gratuitamente con el líquido mediante una reconexión de agua que fue gratis, mientras que a doña Elvira se le cobró por la cancelación irregular de la toma de agua que alimenta a ese negocio la cantidad de 4 mil pesos.

ANULAN INTENTO DE CORREGIR

Tras reconocer errores cometidos en la expedición de documentos sin razón y la indebida recepción de pagos de parte de quien no debía, el entonces tesorero Ricardo Olivares trató de enmendar el abuso cometido. En mayo pasado informó de manera oficial que dichas licencias fueron canceladas y que de lo anterior estaba al pendiente el alcalde Homero Martínez, de quien aseguró había interés en dar solución a este problema. Olivares también dijo que era inminente proceder con la clausura. Una semana después, el 7 de junio, Olivares dejó de pertenecer a la Administración Municipal dejando su cargo como tesorero tras haber presentado su renuncia.

Adicionalmente, según consta en oficios y resoluciones expedidas por el Juzgado Municipal (en poder de El Siglo de Torreón) todas las resoluciones han sido a favor del señor Salvador pese a no tener ningún documento válido gracias a la intervención constante de la asociación civil de abogados del secretario técnico del Ayuntamiento (coordinador de gabinete), Gerardo Lara , de la cual también forman parte los funcionarios municipales en mención.

DOÑA ELVIRA PIDE JUSTICIA

"No es justo que quieran despojar a una viuda sin hijos, que quieran despojarme. Le pido al alcalde Homero Martínez Cabrera lo justo, que actúe como debe ser un presidente porque me llegó un rumor, no sé si deba decirlo, de que el presidente se iba a quedar con la mitad de ese terreno y yo a él no lo conozco, no me ha atendido y todo esto que está pasando me lleva a creer que eso es cierto", dice Doña Elvira muy triste por todo lo que ha vivido, ya que "Chavita" no solo no le ha pagado la renta en años, sino que además le exige el pago de 180 mil pesos para dejar el local que le ha dado ganancias libres de impuestos municipales desde el 2017.

"Salvador como persona...Muy mal, me trató muy mal siendo que el predio no es de él y es mío. Fue grosero conmigo por eso ya no volví a ir, a mi edad y con esa gente que no siente ningún respeto. Mi tío Juanito, quien ya murió, era quien cobraba antes esa renta", dijo la afectada quien además pide ayuda al gobernador José Rosas Aispuro Torres para terminar con lo que considera un abuso de poder pues se ha encontrado con un muro cada vez que ha intentado hablar con el presidente municipal a través de su sobrino, Ricardo Chibli.

El Siglo de Torreón tuvo acceso a videos y audios que refuerzan el dicho de la señora en diferentes dependencias municipales donde las secretarias de estos funcionarios se niegan a recibir los oficios mientras que los mismos también han tenido ya un trato déspota. Esta casa editora también tuvo acceso a todos los mensajes que a lo largo de los últimos dos meses la señora Elvira, a través de su sobrino, ha pedido hablar directamente con el alcalde quedando estos mensajes de WhatsApp en "Visto" y siendo ignorados por parte del secretario particular del alcalde, de nombre Abraham Hernández.

Sin parcialidad

El Ayuntamiento tendría que actuar por ley de forma imparcial pero:

*Durante seis meses el juez municipal, Óscar Facio Félix, ha evitado la clausura del autolavado que no cuenta con ninguna licencia, permiso, ni acredita la propiedad, Evitando atender la solicitud de doña Elvira Reyes Iza.

*Durante las pasadas elecciones fue clausurado de manera expedita el negocio del candidato del Partido Verde por el Distrito 13, "Jhorro". En redes sociales esta acción fue considerada por algunos como un "atropello ordenado por el alcalde Homero Martínez".