Suman prueba de tráfico de influencia contra funcionarios de Lerdo
Aunque funcionarios municipales que forman parte de la asociación del secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara Pérez, han negado que exista tráfico de influencias en Lerdo, cada vez surge más evidencia documentada que pone en entredicho esta versión, pues hicieron el intento de obtener documentos que necesita el hombre que busca despojar de su propiedad a doña Elvira Reyes, mujer de 75 años, motivo por el cual ella ha solicitado la ayuda del gobernador José Rosas Aispuro Torres.
Según un dictamen oficial de la subdirección jurídica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), el señor Salvador Rodríguez Morales, quien se ha negado a salirse de una finca que no le pertenece, de la cual no ha pagado la renta en años teniendo el negocio de autolavado "Nonoalco", ubicado en avenida Matamoros #162, habría "tratado de engañar" (así lo dice el dictamen) a la subdirección jurídica del Sapal con la finalidad de que le reconectaran el agua a pesar de nunca haber contado con un contrato de servicios de agua y drenaje.
En enero de este año, la dueña de la finca, Elvira Reyes Iza, pagó al Sapal la cantidad de 4 mil pesos por cancelar el servicio de agua del cual disponía el autolavado "Nonoalco". Posteriormente, Salvador interpuso dos recursos de inconformidad (sin tener contrato) ante la subdirección jurídica del Sapal la cual acordó desechar de plano y dos veces los recursos en las fechas 24 de marzo y 9 de abril de este año. "El hoy recurrente trata de engañar a esta dependencia", cita el dictamen.
La propia subdirección jurídica indica en este dictamen que Salvador manifestaba ser arrendador pero no tenía contrato de arrendamiento por lo que no tiene personalidad jurídica para solicitar ese servicio. "Manifiesta tener 30 años en calidad de arrendador pero no anexa dicho contrato de arrendamiento para acreditar la personalidad jurídica y así valer su interés", cita el dictamen.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Después de esa resolución del Sapal, el propio alcalde Homero Martínez Cabrera solicitó a familiares de doña Elvira el contrato de arrendamiento, siendo asesorado por el director jurídico del Ayuntamiento, Leonardo Anton Moreno López, quien también es integrante de la asociación de abogados del secretario técnico, Gerardo Lara, quien aseguró al presidente municipal que ayudaría a resolver el problema de la señora.
Moreno López insistió posteriormente y de forma directa por el contrato de arrendamiento a familiares de doña Elvira, mismo que en realidad solo favorecería a Salvador, pues ella ya había acreditado antes su propiedad con escrituras, pagos de predial, entre otros documentos. Tras no contar con dicho contrato de arrendamiento, Salvador usó nuevamente sus contactos políticos recurriendo al juez municipal, Óscar Facio Félix, quien ordenó al Sapal que fuera reconectada el agua al negocio "Nonoalco" pese que no tiene cuenta con el organismo.
Facio también forma parte del Colegio Asociación Metropolitana de Abogados de La Laguna A.C. (Camalac Laguna) que Gerardo Lara preside.
Según el artículo 7 del Reglamento del Juzgado Municipal, las acciones de este órgano de ninguna manera sustituyen ni inhiben las facultades y obligaciones del Gobierno municipal y de la Administración Centralizada, Desconcentrada y descentralizada del Municipio, es decir, del Sapal que en este caso es un organismo descentralizado.
Delito
Dirimen de forma parcial:
*El tráfico de influencias es un delito establecido en el Código Penal de Durango y consiste en la utilización de las relaciones privadas para tratar de influir en aspectos de gobierno (y empresas) logrando así un trato preferencial sobre el resto ya sea para uno mismo o a favor de una tercera persona.
*El juez municipal, Óscar Facio Félix; el director jurídico, Leonardo Anton Moreno López; el contralor municipal, José Alonso Villalobos de la Cruz; el titular de Ejecución Fiscal, Francisco J. Muñoz Díaz; y el secretario técnico, Gerardo Lara Pérez, están directamente vinculados con este caso.