Diputados de oposición exigieron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación investigar a quienes resulten responsables por alterar el informe realizado por la consultoría PriceWaterhouseCoopers (PWC) sobre la viabilidad del Tren Maya.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputado, Juan Carlos Romero Hicks, recordó que todo servidor público está obligado a actuar bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad (artículo 134 constitucional) y ante el incumplimiento de uno de estos principios, debe iniciarse una auditoría de oficio.
"Auditoría de oficio, existen instituciones que deben investigar: Fiscalía General de la República, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, entre otras".