Déficit de agua urbana
Así en forma diaria observamos en los medios de comunicación quejas o protestas de grupos de colonos o de comunidades rurales por desabasto de agua en sus viviendas, es un hecho cada vez más frecuente y también cada año son más los afectados hídricos. Este año de plano rebasó las capacidades que los organismos operadores municipales tienen para resolver el problema, puesto que atender el origen del mismo no está a su alcance.
Los afectados hídricos por desabasto dirigen sus demandas a los organismos operadores por ser los responsables de suministrar agua a las viviendas, pero lo que los afectados deben saber es que este problema se origina en el abatimiento que sufre el Acuífero Principal debido a la sobreexplotación a que está sujeto al extraerse de él volúmenes mayores a los que se recarga en forma natural.
Los datos oficiales indican en el último estudio de disponibilidad de agua del Acuífero Principal, elaborado por la Comisión Nacional del Agua y publicado en 2018, que se extraen 1,088.5 Hm3 y solo se recargan 534.1 Hm3, es decir el doble, y dentro del volumen extraído solo se han concesionado 647.5 Hm3. En otras palabras, se bombean ilegalmente 441.0 Hm3, y estos son los registros oficiales, falta agregar los volúmenes que se extraen de los llamados pozos clonados, por lo que es de suponerse que en la región hay una práctica de huachicoleo hídrico extraordinario que el gobierno federal no ha querido o podido enfrentar, tal parece que sus capacidades institucionales no son suficientes para regular el uso del agua en La Laguna.
Con tal magnitud de volúmenes extraídos del Acuífero Principal, y también de los otros acuíferos, puesto que de los ocho existentes en la región la mitad se encuentran sobreexplotados, los abatimientos que se registran de manera oficial, de uno a tres metros anuales que desciende el nivel del agua en el subsuelo, probablemente sean mayores y por ello enfrentamos esta situación en la que el período de vida de los pozos se reduce, como lo indican los organismos operadores que cada año perforan nuevos para sustituir a los que caducan.
En el caso de los pozos concesionados a los organismos operadores para uso urbano-doméstico, la mayor parte de ellos se ubican en la zona metropolitana y es posible que al estar concentrados en ella favorezca su abatimiento, aunque esto ya ocurre también en los pozos de uso agrícola distribuidos en la planicie del valle irrigado. Ante ello, los organismos operadores enfrentan el proceso acelerado de abatimiento de los pozos que les han sido concesionados y su pronta caducidad.
Su respuesta se ha centrado en reponer los pozos que caducan ubicando sitios donde aún hay conos menos abatidos o que presentan mayor disponibilidad como sucede en las calizas, en establecer interconexiones en la red hídrica urbana entre pozos para conjuntar aquellos que aforan mayores volúmenes con los que presentan volúmenes menores, reponer partes de las redes hídricas obsoletas o con mayor deterioro por otras nuevas para reducir las pérdidas que ocurren en la distribución del agua, aumentar la eficiencia física, entre otras, pero son medidas insuficientes debido a que no atienden el problema de origen: la sobreexplotación.
Lo anterior no exime a los organismos operadores municipales de permitir el rezago en la aplicación de medidas que aumenten su eficiencia física, que en promedio hoy anda en 50%, o la eficiencia comercial, y este un aspecto señalado por el reclamo ciudadano ante el desabasto. Ante esta crisis expresada centralmente en el déficit del agua urbana, los gobiernos municipales deberán poner atención prioritaria en contribuir a mitigarla y para ello tienen que asignarle porcentajes significativos de sus presupuestos y destinar mayor esfuerzo a la gestión para obtener fondos complementarios.
La dimensión del problema también puede verse en la forma, para muchos desconocida, en que se ha judicializado: en este momento, con apoyo del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos, hay más de 300 amparos interpuestos por los afectados hídricos ante juzgados federales, algunos ya con sentencias emitidas por los jueces en contra de los organismos operadores. Tal parece que en La Laguna se presenta un amplio grado de dificultad para cumplir con el Derecho Humano al Agua, en los hechos la población queda desprotegida de los mandatos constitucionales y legales que obligan a las diferentes instancias gubernamentales de proveer agua a la población, en cantidad y calidad suficiente.
En el corto plazo las alternativas de solución al problema son limitadas, los organismos operadores la aplicarán dentro de los reducidos márgenes que les sea posible, pero en tanto no se frene la sobreexplotación de los acuíferos los abatimientos continuarán y prevén próximos escenarios de inseguridad hídrica, aún con proyectos como potabilizar el agua, que no son para este o el otro año. Es urgente se exploren otras opciones.