Los dilemas de la consulta popular

En menos de un mes, los mexicanos iremos de nueva cuenta a las urnas, pero esta vez será para pronunciarnos sobre una consulta popular, y no para elegir a nuestros gobernantes. Por primera ocasión en la historia de nuestra democracia, tendremos este mecanismo de participación ciudadana, que en términos generales busca que un asunto de trascendencia nacional sea tomado en cuenta por las autoridades.

Sin embargo, por la forma en que se construyó y su temática específica, es muy controvertida, provocando por sí misma un debate muy interesante. Por un lado, es criticada por los 500 millones de pesos que costaría; hay que recordar que originalmente las consultas populares estaban diseñadas para ser una boleta más en una elección normal, es decir aprovecharía las mesas de casilla, sus funcionarios o los mecanismos de traslados. Ante el temor de que una consulta popular pudiera contaminar u alterar los resultados de una elección popular, los legisladores decidieron que fueran fechas distintas.

Más allá de su costo, la temática parece no convencer; y no es que no sea trascendente, sino que es rebuscada y ociosa. Originalmente la propuesta de consulta hecha por el Presidente de la República era clara y tenía que ver con enjuiciar a los expresidentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al cumplir con su facultad de revisar la constitucionalidad de la consulta, y después de un debate muy interesante y posiciones divididas, decidió modificarla. Con esto creó un galimatías donde en pocas palabras se pregunta si se está de acuerdo con llevar a cabo acciones pertinentes para esclarecer decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. ¿Será necesario consultar si se aplica la ley?

Dejando a un lado esto, el Instituto Nacional Electoral (INE) está trabajando para que el domingo 1 de agosto se instalen alrededor de 57 mil mesas receptoras en todo el país, es decir, cerca de una tercera parte de los mecanismos que se instalan normalmente en una jornada electoral. Hasta el momento no sabemos dónde se ubicarán, pero el hecho de que sean menos podría dificultar la consulta.

A pesar de tener similitudes con la pasada jornada electoral, por ejemplo el protocolo sanitario, que las mesas receptoras sean operadas por los mismos funcionarios de mesa directiva de casilla, que abrirán de las 8 de la mañana a 6 de la tarde, que existirán observadores, o que contempla veda de propaganda gubernamental; también existen grandes diferencias, por ejemplo, que las mesas receptoras no tendrán representantes de partidos políticos, no habrá un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), ni ejercicios de conteo rápido.

Para conocer los resultados, los paquetes estarán fluyendo desde el cierre de las mesas hasta los 300 Consejos distritales de todo México, donde serán computados y el INE tendrá un micrositio en el que la ciudadanía podrá dar seguimiento en tiempo real.

Un punto por demás relevante es que los resultados serán obligatorios cuando participe al menos el 40 por ciento de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores, y en caso contrario, no tendrá validez sin importar cuál sea el resultado. Si extrapolamos la participación del pasado proceso electoral, donde a nivel nacional tuvimos un porcentaje de votación del 52 por ciento, y tomando en cuenta que está cifra despuntó por los 15 estados donde se renovó la gubernatura, se vislumbra complicado que una gran cantidad de ciudadanos ejerzan su derecho y cumplan su obligación de participar en una consulta ciudadana. En pocas palabras, nuestro debut en los mecanismos de participación ciudadana está cuesta arriba.

* El autor de esta colaboración es consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC).

Twitter: @omarortegasoria