Estados Unidos pareciera estar madurando pues ya acepta que sus guerras pueden perderse: Vietnam, Afganistán y quizá la "guerra contra las drogas".
En el siglo XIX los norteamericanos participaron en el comercio del opio que tanto daño hizo a China, pero en 1909 Washington fue el convocante de la Convención de Shanghái, primer paso para criminalizar el comercio y consumo de esa droga. Hoy, 112 años más tarde, el líder de la bancada demócrata en el senado de Washington, Chuck Schumer, ha redactado una iniciativa que elimina el carácter de crimen federal a la posesión y consumo de marihuana y borra ese dato de los documentos legales de personas acusadas por ello. Probablemente la iniciativa no sea aprobada ahora, pero que el legislador norteamericano más importante la haya formulado avala la tesis desarrollada por Michael Pollan en una columna del New York Times (09/07/21) que sostiene que, "tras medio siglo de librar una guerra contra las drogas, los norteamericanos parecen dispuestos a negociar la paz." Para el autor, las consultas a electores y la legislación aprobada en varios estados muestran que el público de la gran potencia empieza a asimilar el fracaso de una larga guerra contra el consumo de sustancias prohibidas que ha ocasionado miles de bajas -sólo en 2020 la cifra de muertes en Estados Unidos por sobredosis de droga fue de 93, 331- y que descriminalizar su consumo es un mal menor comparado con el daño que seguirá causando la política actual.
Claro que dar por concluida la guerra contra las drogas implica enfrentar un nuevo reto, aunque de solución menos problemática: construir un marco legal que regule la producción, comercio y consumo de lo que son sustancias muy potentes y dañinas.
Para México el posible fin de una guerra perdida contra las drogas y perdida desde hace mucho, permitirá retomar la esencia de esa propuesta del presidente Cárdenas de 1940 pero que la presión de Estados Unidos mató al nacer: considerar a los adictos como pacientes, registrarlos, facilitarles la adquisición legal de la droga e implementar programas de rehabilitación, aceptando que algunos mantuvieran su adicción de por vida. Washington amenazó entonces con negar a México medicamentos si persistía en seguir camino tan novedoso. Hoy, después de sesenta años, al norte del Bravo hay una corriente de opinión que, en lo fundamental, retoma la idea del médico mexicano -Leopoldo Salazar Viniegra- que al final del gobierno cardenista se propuso no hacer la guerra a las drogas sino administrarlas.
Para México, aunque tarde, el cambio que se perfila en Estados Unidos -dejar de criminalizar al mundo de las drogas- será positivo, pero revertir el enorme daño ya ha causado esa política será difícil. El crimen organizado mexicano puede reencausar su fuerza, estructura y experiencia hacia campos como la trata de personas, el secuestro, el huachicol, la venta de protección, el crimen cibernético y muchas otras actividades.
Los efectos de un siglo de política prohibicionista norteamericana y de demanda sostenida de drogas de su sociedad, combinadas con la corrupción institucional y la falta de oportunidades de las clases mayoritarias en México, han tenido un efecto terrible y creciente en nuestro país.
Hoy, el gobierno mexicano pareciera no estar esperando a que Washington se decida a aceptar formalmente que, en relación a las drogas hoy prohibidas, la guerre est finie. Sin embargo, nuestro país ya ha sido dañado profundamente y tomará mucho esfuerzo y tiempo reparar lo que pudo haberse evitado si Estados Unidos no hubiera declarado la guerra al proyecto del Dr. Salazar Viniegra.
Https://lorenzomeyercossio.com/
E L mantra de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, "Primero los pobres" es intachable: implica urgencia y deuda. Urgencia consabida por cualquier persona investida de una dosis mínima de ética: el trinomio, enfermedad, pobreza e injusticia es una de las peores lacras existentes. México es execrable adalid en ese rubro. Deuda por la ingobernabilidad ancestral de nuestra nación; si bien no imposible, es difícil encontrar peores cánceres que los representados por los gobiernos anteriores, cuya rapacidad, impunidad y corrupción es madrina de Morena. Otra es la irrespirable pobreza de uno de cada dos connacionales. Sorprende, irrita y ofende a la razón las sinrazones por la cuales expresidentes o ministros ladrones pertenecientes al PRI-PAN-PRD no ocupen alguna celda como sucede en Guatemala y Perú. El cáncer que nos carcome es responsabilidad de esos partidos.
La falta de progreso en relación a la disminución de la pobreza, sin soslayar los efectos negativos de la pandemia por SARS-CoV-2, es responsabilidad del gobierno actual. El mantra, "Primero los pobres", dista mucho de ser realidad. Unas notas sobre el rubro salud ilustran el brete. Desgloso datos de un artículo recientemente publicado, Comprehensive evaluation of the impact of sociodemographic inequalities on adverse outcomes and excess mortality during the COVID-19 pandemic in Mexico City (Evaluación exhaustiva del impacto de inequidades sociodemográficas en los resultados adversos y exceso de mortalidad durante la pandemia por COVID-19 en la Ciudad de México).
Firmado por dieciséis investigadores pertenecientes a diversas instituciones "de primera línea" dedicadas a salud, docencia e investigación, los resultados del estudio, publicado en una revista internacional, son, siguiendo cánones científicos, fehacientes. Tras aclarar que la Ciudad de México es una de las capitales en Latinoamérica con mayores disparidades económicas, donde pervive una gran masa poblacional en situación de pobreza y en donde la esperanza de vida al compararse con las clases medias y ricas puede tener hasta veinte años de diferencia, el estudio demostró que los daños secundarios a la pandemia se vinculaban con las áreas de mayor densidad de población y con los efectos negativos asociados a la marginalización.
Para facilitar la lectura enumero, por falta de espacio, sólo cinco puntos: 1) El trabajo informal o el desempleo le impiden a la población estudiada acceder a los servicios de salud. 2. La población económicamente vulnerable no tiene la capacidad de mantener la distancia social. 3. La población vulnerable siguió laborando para cumplir con el sustento económico. 4. Se demostró un exceso de mortalidad asociado a COVID-19. 5. El exceso de mortalidad se debe a deficiencias intrínsecas del sistema hospitalario.
La investigación no es ni anti Morena ni anti AMLO ni procede de la extrema derecha ni forma parte de un complot extranjero como ha sostenido en otra ocasión López-Gatell. Los hallazgos son contundentes. Desmienten el mantra "Primero los pobres" y las incontables sandeces espetadas por el subsecretario de Salud. Obligación ética de los miembros de las Secretarías de Economía, Salud, Hacienda y otras sería leer el texto completo y replantear la situación de la salud de los mexicanos pobres.
Recientemente el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria informó que en el último año de existencia del Seguro Popular el gasto per cápita fue de 3,656 pesos, cifra que en 2021 disminuyó a 2,911 pesos. Es incomprensible, a pesar de los efectos adversos secundarios a la pandemia, que el gobierno invierta menos en salud. De persistir esa tendencia, el trinomio, pobreza, enfermedad e injusticia social continuará aumentando. Magra realidad, deplorable retrato de nuestro país.