Seguridad pública y justicia en nuestro país
La seguridad pública tiene como fin proteger al individuo y sus bienes con orden y en paz, adquiriendo su mayor importancia en las instancias gubernamentales estatales y municipales, por ser las que tienen contacto directo con la ciudadanía.
El Bando de Policía y Buen Gobierno es el reglamento más importante del municipio que adecúa la Ley Orgánica Municipal de la entidad a las condiciones particulares de cada municipio; señala los derechos, obligaciones de los habitantes y las normas que rigen una convivencia sana basada en el respeto mutuo, promoviendo su cumplimiento, estableciendo las faltas y aplicando las sanciones administrativas a quienes contravienen estos principios.
Las Policías Estatales soslayan su función subsidiaria de apoyar a los municipios o regiones del estado que enfrentan situaciones superiores a sus capacidades, atendiendo prioridades de tipo político o reaccionando ante eventos de impacto; el prever y prevenir son escasamente atendidos, por carecer de una estructura eficaz de análisis policial.
La construcción de capacidades en estas instancias es objeto de una confusión al soslayar las tareas de prevención incluyente con la participación de la sociedad organizada y ciudadanía en general, en coordinación y colaboración de la instancia policial, generándose una dicotomía negativa entre ambos componentes; al privilegiar una organización, equipamiento y capacitación orientada al "combate" de organizaciones con gran capacidad de fuego, movilidad y operación, normalmente muy superior a la que se tiene en los municipios y estados.
Por su parte, la Federación cambia constantemente de visión y no ha logrado hasta el momento atender con eficacia las áreas geográficas estratégicas vulnerables del país y anticiparse a los riesgos que se van presentando, incidiendo en la seguridad nacional al permitir que la inseguridad se convierta en una amenaza a los objetivos constitucionales de soberanía, independencia e integridad territorial.
La aplicación de la ley está siendo sustituida por una política de pasividad y tolerancia, que no logra inhibir el crecimiento del fenómeno delictivo al permitirle al infractor "proceder cuando ve la oportunidad, posee la fuerza para hacerlo y tiene la certeza de que sus actos quedarán impunes"; consideración que potencializa sus efectos cuando lo aplican los cárteles de la delincuencia organizada.
A raíz del diagnóstico sobre la situación de la seguridad y justicia en los 50 municipios más conflictivos del país, elaborado por la Guardia Nacional, se difundieron propuestas de solución en algunos proyectos de gobiernos electos y por tomar posesión, donde ya consideran atender integralmente las debilidades en los Sistemas Estatales de Seguridad Pública.
El Plan de Baja California denominado «Para Vivir en un Estado con Seguridad y Justicia» menciona que atenderá: la Profesionalización y Coordinación policial, la Procuración y Administración de Justicia y la Prevención del Delito, señalando las siguientes líneas generales de su estrategia:
Profesionalizar, certificar y dignificar al policía, mejorar sus salarios y prestaciones, coordinación policial e incremento de plantilla de elementos.
Para la Procuración y administración de justicia: incrementar de 3 a 4 agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes; 40 nuevos jueces y magistrados del ámbito penal en los distritos ajenos al de la capital -Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada-, reforzar el uso del Centro de Justicia para Mujeres.
En Prevención del Delito: combatir las adicciones, "reconstruir el tejido social", conectar 10 mil cámaras al centro de control de mando policial C5 y vigilar las calles para hacerlas más seguras.
La "corresponsabilidad" es determinante en la búsqueda de la seguridad; las familias, la sociedad y el Estado-Gobierno son responsables de su logro. Sus principios orientadores deben ser: la solidaridad, la flexibilidad, la integralidad de los servicios, la participación, la sostenibilidad y la intersectorialidad;... unidos somos más fuertes.
La "vigilancia y aplicación global" de las instancias implicadas en la seguridad y justicia del Estado-Gobierno es fundamental para "contener primero" a la delincuencia en todas sus fases, niveles y lugares, privilegiando la coordinación transversal y el apoyo subsidiario, previsto y oportuno de la Federación a los Estados y de estos a los municipios.
La seguridad pública y justicia demandan la suma de esfuerzos en una estrategia de "atención integral y sistémica" al fenómeno delictivo, la protección de los individuos y sus bienes, teniendo presente siempre que vivir en paz y tranquilidad son el final del camino.
* El autor de esta colaboración es General de División Diplomado de Estado Mayor y Maestro.