Garantías para las mujeres en materia político-electoral
En México los avances de la participación de la mujer en la política son innegables; se han superado en buena medida las tensiones históricas provocadas por la defensa del statu-quo del régimen anterior y, en sí, de élites que inhibieron la incorporación femenina al ámbito público de los derechos político-electorales de la mujer.
Las reformas y políticas públicas de la última décadas del siglo XX y el presente milenio han posibilitado que la reivindicación de su representación política sea ejercida, lo que se revela en dos etapas: la primera, a través de la aplicación de cuotas reguladas desde 1996 y hasta 2011, cuotas que irían acompañadas de un carácter declarativo inicialmente, hasta llegar a tener un carácter obligatorio respecto a la postulación de candidaturas por los partidos políticos; la segunda, derivada de las reformas constitucionales y legales de 2014, sobre el reconocimiento a la paridad, de género, que se significa como la ocupación igualitaria de cargos de representación, es decir, del 50/50 distribuidos entre hombres y mujeres.
La efectividad del principio paritario está vigente en el país y en nuestro estado. Así lo demuestran los resultados de las elecciones del proceso electoral concurrente 2020-2021, llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales estatales; como ejemplo tenemos que de las 500 diputaciones del Congreso de la Unión 250 son ocupadas por mujeres y 250, por hombres. En Durango, la conformación de nuestro Poder Legislativo consta de 25 diputaciones y está ocupado por 12 mujeres y 13 hombres, datos que en porcentaje igualitario se evidencian en los comicios de las entidades federadas.
Importa destacar que, en nuestro país, el tránsito del reconocimiento, del derecho de las mujeres, a ser votadas a través de cuotas de género, y del reconocimiento del principio de paridad no estuvo exento de críticas y resistencias en el discurso político. Dentro de las principales discusiones sobre la adopción de las cuotas de género, se señala la excesiva regulación o intervencionismo estatal en las decisiones de los partidos en cuanto a la nominación de candidaturas. Otros argumentos en este sentido se refieren al cuestionamiento de si existe o no interés de las mujeres para participar políticamente, o bien la falta de experiencia en el ámbito político y capacidad para dar resultados en la arena pública; sin embargo, se advierte que a los hombres no se les cuestiona con el mismo rigor, cuando se les considera para una candidatura. Es de reconocer que los avances en materia de paridad que hoy se reflejan en distintas latitudes son producto de luchas feministas y que, en el intento de alcanzar sus ideales a las mujeres, les ha costado bloqueos, encarcelamientos y hasta la vida. Así lo revela la historia. Hoy gozamos de un escenario político menos convulsionado.
Sin embargo, pese a los resultados cualitativos relativos a la postulación de cargos electorales, en la agenda del respeto a los derechos de la mujer para vivir en dignidad, se advierte que el fenómeno de violencia política por razón de género se ha incrementado derivado de su incorporación al ámbito público, en la materia político-electoral.
En este sentido, integrantes de los organismos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, cuentan ya con herramientas jurídicas para su atención al haberse normado los procedimientos para la investigación de casos y, en su caso, la aplicación de sanción a los agresores; en el proceso electoral reciente ya se sancionaron a los agresores. Ahora las candidatas cuentan ya con protección legal en caso de necesitarla. Ya no hay excusas. Aunada a las instituciones electorales, la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales del país (AMCEE), en cada proceso electoral, instala una Red de candidatas para atender los asuntos de violencia política en razón de género, además de dilucidar y difundir criterios entre las asociadas para atender este fenómeno. La brecha de las desigualdades se va reduciendo. Trabajemos en ello.
* La autora de esta colaboración es consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).