Socorristas rechazan orden de vacunarse
Se suponía que el 11 de marzo de 2021 iba a ser un punto de inflexión en la pandemia de coronavirus para Erin Tokley, un policía veterano de Filadelfia de 47 años de edad, ministro bautista y padre de tres hijos. Era el día de su cita para recibir la vacuna contra el COVID-19.
En lugar de eso, fue la fecha de su funeral.
Tokley falleció el 3 de marzo, convirtiéndose en la sexta muerte confirmada por COVID-19 del Departamento de Policía de la ciudad.
A los policías de Filadelfia se les avisó que ya podían vacunarse a finales de enero y Tokley estaba ansioso de recibirla lo antes posible. Pero se enfermó a principios de febrero, antes de que le tocara su turno.
El repunte de COVID-19 registrado este verano y el debate a nivel nacional sobre los requisitos de vacunación han creado una situación difícil para los socorristas de la nación, que están muriendo en mayor número, pero se oponen a que la inoculación sea obligatoria.
Tan sólo en Florida, el mes pasado murieron seis personas relacionadas con las fuerzas de seguridad en un periodo de 10 días.
En el primer semestre de 2021 perdieron la vida 71 agentes de las fuerzas policiales de Estados Unidos, una pequeña disminución respecto a los 76 que fallecieron en el mismo periodo de 2020, de acuerdo con información recopilada por la organización National Law Enforcement Officers Memorial Fund. El año pasado, la cifra total fue de 241, lo que convierte al virus en la principal causa de muerte de las fuerzas policiales en servicio.
A pesar de los fallecimientos, los policías y otros socorristas se encuentran entre los más reacios a vacunarse, y los casos de coronavirus entre ellos siguen aumentando. No hay estadísticas a nivel nacional que muestren la tasa de vacunación entre la población de primeros auxilios de Estados Unidos, pero los departamentos de policía y bomberos del país reportan cifras muy inferiores a la tasa nacional del 74% de los adultos que tienen por lo menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Los líderes de las ciudades están implementando órdenes para que los empleados municipales -incluyendo los policías y los bomberos- se vacunen obligatoriamente en un momento en que se propaga la variante delta, mucho más contagiosa. Las consecuencias de no obedecer a las órdenes van de tener que someterse a pruebas diagnósticas semanales a ser suspendido del trabajo, y a la terminación de la relación laboral. Es un contraste agudo con respecto a la primera etapa de la inoculación, en la que se le daba prioridad a los socorristas para que se vacunaran.
Ap