Sin plazos en Congreso de Durango para modificar penalización del aborto

Ante la declaración de inconstitucionalidad sobre la penalización del aborto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo López Pescador, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso local dejó en claro que no existe obligatoriedad para el Poder Legislativo de modificar la ley penal en un lapso de tiempo.

De acuerdo a un mandato judicial emitido por la máxima corte de justicia del país donde ya ninguna mujer en México puede ser sometida a proceso penal por practicarse un aborto, ahora le toca a los Congresos locales hacer modificaciones a su ley penal.

Para el Presidente de la Jugocopo del Congreso local este tema del aborto no se va a resolver de la noche a la mañana, sobre todo porque divide a la sociedad con dos grandes posturas y radicales.

Dijo que, de acuerdo a una encuesta publicada a nivel nacional, a raíz de este tema del aborto, el 53 por ciento de la población está a favor de la resolución emitida por la Suprema Corte y el 47 por ciento en contra.

"Es un tema complejo que tiene que ver con la idiosincrasia e historia de cada país. En México se dio ese paso que, reitero, es un paso que hay que analizar bien, y como poder legislativo estamos listos para un análisis serio, escuchando a todos, no tomando decisiones atropelladas en un tema complejo", explicó López Pescador.

Ante ello el Congreso Local tiene que revisar el código penal y ver las penalidades que tiene hasta ahora para quienes se practiquen un aborto y ver que esas penalidades no sean anticonstitucionales.

"Pero hay que analizarlo bien, cómo está el orden jurídico, si está o no en contra de la constitución, es un tema todavía muy complejo", comentó el líder del Congreso local.

Pero también aclaró que la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no les pone un término o plazo de tiempo a las legislaturas en los estados para legislar ni para tomar una postura estatal.

Dijo que el alcance de esta resolución del máximo tribunal constitucional es que ninguna mujer puede ser indiciada ni condenada por interrumpir el embarazo.

"Las mujeres pueden seguir su embarazo y los que no quieran seguir el embarazo pueden acudir al sector salud, al estado, para atenderse en condiciones favorables", agregó.

"El legislativo debe de tomar una resolución en su momento escuchando a las dos visiones de este tema", concluyó.