CNDH: silencio cómplice Despojo de tierras y agua en La Laguna

 H Ay silencios que violentan; silencios que duelen. El de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto al trato a migrantes en la frontera sur es uno de ellos. Callan como momias, dice el presidente, sobre la falta de críticas al pasado. Hoy callan como piedras ante los sucesos del presente.

Los linajes de lucha son tan absurdos y falsos como los de la monarquía. No basta con tener un hermano desaparecido y una madre luchadora para encabezar una institución como la CNDH. Rosario Piedra ha demostrado no tener los tamaños para encabezarla. Su admiración por el presidente, el jefe del Estado mexicano, el responsable último de las violaciones a derechos humanos, la ha silenciado. La Ombudsperson, quien debería ser la defensora del pueblo ante los abusos del Estado en la frontera sur, cierra los ojos para no ver los golpes, los encierros, la separación de familias. No ve porque sus ojos solo buscan la mirada complaciente del poderoso. Calla ante la brutal actuación de los agentes de migración para no hacer ruido a las palabras de su líder.

La migración es un problema internacional que tiene raíces muy profundas, orígenes diversos y causas variadas. No es lo mismo la migración que viene de Honduras o El Salvador que la de Haití; en lo único que coinciden es que usan las caravanas como estrategia de defensa y nada puede el Estado mexicano ante ello. Es cierto, para afrontar este fenómeno internacional se requieren políticas de mediano y largo plazo concurrentes con Estados Unidos y Centroamérica, pero en lo inmediato una política pública propia para la atención del problema. Pero el peor error que podemos cometer los mexicanos es criminalizar la migración y normalizar actuaciones como las que hemos visto de los agentes en la frontera sur.

El trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es escuchar las razones del Estado para detener a los migrantes (más cuando el Jefe el Estado confiesa en la Mañanera que no puede garantizar la integridad ni el respeto de los derechos humanos de quienes transitan por el territorio nacional) sino exigir que la aplicación de la ley se haga sin violar los derechos de nadie, da igual si son extranjeros o nacionales, con papeles o sin ellos. Respetar los derechos de los migrantes no es opcional, no es caridad o buena voluntad del presidente, es una obligación establecida en el artículo primero de la Constitución: "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección...".

La inacción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no solo afecta a los migrantes, nos afecta a todos. En una institución cuya única arma es la voz, el silencio es complicidad.

Ejidatarios de La Laguna buscan que el presidente Andrés Manuel López Obrador los escuche en el marco de los diálogos del proyecto Agua Saludable: "Miles de campesinos han sido despojados de tierra y agua por unas cuantas familias de agro-lecheros en complicidad con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los Módulos de Riego", expresan en un documento que esperan llegue al jefe del Poder Ejecutivo, en el que subrayan: "Los grandes beneficiarios de ayer, los campesinos, son los afectados de ahora". Estas son sus palabras.

Basta contrastar los derechos otorgados a los ejidos por resoluciones presidenciales con los resultados de la actualización del Padrón de Usuarios que debe tener ya la Conagua derivado del contrato firmado con la Universidad de Chapingo.

Del histórico reparto agrario que realizó el presidente Lázaro Cárdenas en La Laguna, año 1936, cuando otorgó casi 18 millones de hectáreas, entregó 146 mil a 35 mil ejidatarios y 5 mil a 300 colonos. Con ese fin, de apoyar con agua la dotación de tierras, se construyó la presa que lleva su nombre.

En ese año, 1936, los pequeños propietarios representaban el 15 % de tales derechos. Se constituyó el Distrito de Riego 017 con 35 mil derechos de campesinos por resolución presidencial. Sin embargo, por la reforma al artículo 27 constitucional y el desplome del cultivo algodonero, miles de campesinos han sido despojados de tierra y agua por unas cuantas familias de agro-lecheros en complicidad con funcionarios de la Conagua y los Módulos de Riego.

En 2021 debe quedar alrededor del 15 % de ejidatarios usuarios de ese padrón de 35 mil campesinos y familias beneficiados por el presidente Cárdenas.

Por tal motivo, "una propuesta a contemplar es la liberación y restauración de los derechos de agua a favor de los legítimos dueños: los ejidatarios y los ejidos beneficiados por resolución presidencial y que en 2022 cumple treinta años bajo contratos viciados".

"Demandamos la cancelación por vía administrativa de todos los contratos irregulares que no cumplieron las formalidades que ha reiterado la jurisprudencia agraria: sin ser ejidatarios del núcleo ni avecindados, sin acuerdo de asamblea ni inscripción de contratos en el Registro Agrario Nacional, derechos del tanto de cónyuge e hijos, contratos viciados en donde hasta los muertos firmaron. Esa corrupción de la Conagua se debe erradicar".

En cuanto al Distrito de Riego 017, que distribuye el agua del sistema de presas, "es importante sanearlo y democratizarlo en los veinte módulos pues existe gran corrupción".

Una investigación demandada por el Frente Campesino por la Defensa del Agua y la Tierra a la Conagua, contratada en 2019, "demostró que cada uno de los veinte módulos tenía regadas más de mil hectáreas por encima de lo autorizado. De las 64 mil autorizadas en el Plan de Riego habían 84 mil, veinte mil hectáreas con agua rodada y robada, equivalentes a 200 millones de metros cúbicos de agua traficada, de las presas".

"Es necesario que usted sepa que hasta los años ochenta los campesinos regaron en ciclo completo 4 hectáreas de algodón y básicos, mientras en los veinte años recientes se siembran en promedio de 70 áreas a 1.30 hectáreas. Por eso existe preocupación".

"En referencia al agua subterránea, el Programa Hídrico Regional que elabora la Conagua, indica que la recarga media anual del acuífero Principal-Región Lagunera es de 534 millones de metros cúbicos (Mm3), el volumen concesionado es de 647 Mm3, contra la extracción, que significa 1,088.5 hectómetros cúbicos. Hay un déficit, robo, de 441 Mm3 de agua subterránea. Quiere decir que por cada litro de recarga al acuífero le extraen dos".

"La Región Lagunera necesita un proyecto integral de agua, con una solución a largo plazo, que resuelva la sobreexplotación de más de sesenta años del acuífero y que ocasionó la contaminación con arsénico. El agua debe ser potable y abastecerla con metales pesados viola nuestros derechos humanos".

Firmantes como Frente Campesino por la Defensa del Agua y la Tierra, los ejidatarios presentan un pliego de veinte demandas al presidente de la República.

Destaca atender la sobreexplotación del acuífero, limitar el abuso de extracción de agua subterránea revisando concesiones; medición telemétrica, modificar el patrón de cultivos, auditoría a los derechos ejidales de agua y recuperar cuando menos 200 Mm3 producto del huachicoleo del agua en La Laguna.

@kardenche