Fraccionadores omisos pagarían la municipalización
Los fraccionadores que incurran en omisiones que impidan la municipalización de la zona donde desarrollaron vivienda podrían asumir el costo total de dicho trámite.
Durante la sesión celebrada este martes en el Congreso del Estado, el diputado local Ricardo Fidel Pacheco, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Urbano del Estado en materia de municipalización de asentamientos habitacionales.
El objetivo es modificar tres fracciones del artículo 3, así como el artículo 229 y adicionar un artículo 229 BIS de dicha legislación estatal.
Con esto, se establecería que cuando el fraccionador y en su caso el promotor o gestor de un asentamiento haya ejecutado el proyecto definitivo autorizado, el Ayuntamiento procederá a la municipalización del mismo en plazo que no excederá los 30 días posteriores al acta de terminación.
De aplicarse esta reforma, los asentamientos humanos y fraccionamientos que se urbanicen por etapas se podrán municipalizar cuando se hayan ejecutado la totalidad de las obras de urbanización y de las etapas de construcción; o bien, cuando se haya terminado una etapa de construcción completa y las obras de urbanización correspondientes estén concluidas y en condiciones de operación y previendo la interconexión a obras de cabeza de esa etapa y de las consecutivas hasta su conclusión.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma se centra en que cuando por omisión del promotor, gestor o fraccionador transcurra un año sin que pueda ser municipalizado desde la fundación del asentamiento humano o fraccionamiento por causas atribuibles a ellos, asumirán la responsabilidad de su pago; la autoridad municipal deberá estimar los costos que implican la urbanización y dotación de servicios públicos, fincando crédito fiscal por su importe, requiriendo a aquellos su garantía y pago.
Dicho crédito fiscal deberá ser estimado y determinado por la autoridad fiscal municipal y deberá contener el costo de las multas que deban aplicarse por infraccionar la ley en materia de autorizaciones, electrificación, alumbrado público, pavimentación, áreas de donación, suministro de agua potable, saneamiento, zonas de recarga y todas las obras o infraestructura que hagan posible el disfrute de servicios públicos.
Se establece además que a su cargo quedará también la responsabilidad de asumir los costos que se generen por los daños a la plusvalía que opere en detrimento de los adquirentes de terrenos por la falta de cumplimiento a la normatividad aplicable.
En este sentido, la falta de suficiencia para asumir los costos o el incumplimiento a esta disposición será considerada como fraude específico en los términos que disponga la ley penal.
“La propuesta que hacemos contiene medidas que pudieran parecer, en algún caso, hasta extremas como la forzosa municipalización en determinados casos (...) No es un tema menor, afecta a una buena parte de ciudadanos de Durango que han expuesto su patrimonio, invertido, en una vivienda que no ha logrado obtener todos los servicios que merece”, complementó Pacheco Rodríguez.
La iniciativa fue turnada para su análisis y dictaminación a la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado.